Como era de esperar, la ecotasa o impuesto sobre estancias turísticas, título de la Ley 2/2016 de 30 de marzo aprobada para regular esta figura, ha devenido en un impuesto más, cuya recaudación pasa directamente a la caja común del Govern para que éste, en función de sus intereses políticos, estratégicos o económicos, lo destine a cualquier actuación o proyecto que poco a nada tienen que ver con su verdadero objetivo. Lo último que sabemos es la intención del Ejecutivo de destinar 13,1 millones de euros para la promoción de 53 viviendas de protección pública y 15 millones para el aval de hipotecas para la compra de inmuebles de hasta 270.000 euros. En total, 28 millones destinados a vivienda sobre los más de cien millones que el Govern recaudará este año, tras una temporada turística récord.
Si acudimos a la literalidad de la norma, la Ley que regula la ecotasa dice en su artículo 2 que la recaudación del impuesto sobre estancias turísticas en las Illes Balears “tiene carácter finalista y queda afecta íntegramente al fondo para favorecer el turismo sostenible a que se refiere el artículo 19 de la presente ley”. Si uno acude al artículo 19, en éste se explicita que “se crea el fondo para favorecer el turismo sostenible como instrumento de financiación de los proyectos…a fin de impulsar un turismo sostenible, responsable y de calidad en el archipiélago de las Illes Balears”. Y se concretan las actuaciones a las que se destinarán dichos recursos. En concreto, y de manera textual:
a) Protección, preservación, modernización y recuperación del medio natural, rural, agrario y marino.
b) Fomento de la desestacionalización, creación y activación de productos turísticos practicables en temporada baja, y promoción del turismo sostenible y de temporada baja.
c) Recuperación y rehabilitación del patrimonio histórico y cultural.
d) Impulso de proyectos de investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica (I+D+i) que contribuyan a la diversificación económica, la lucha contra el cambio climático o relacionados con el ámbito turístico.
e) Mejora de la formación y la calidad del empleo. Fomento de la ocupación en temporada baja.
Además, se añade que “en el conjunto de estas actuaciones, se priorizarán los proyectos de carácter medioambiental que formen parte de las actuaciones a que se refiere la letra a) anterior”.
La vivienda, por ejemplo, no aparece por ningún sitio. Y no es que no sea necesaria una política de promoción y acceso a la vivienda en nuestra comunidad, por supuesto que sí, pero nada tiene que ver eso con el espíritu de la norma, aprobada para compensar la huella del turismo en nuestras islas e impulsar un destino turístico cada vez más sostenible y con una oferta más diversificada.
Pocas veces los hoteleros y las entidades ecologistas suelen de ir de la mano, pero esta ecotasa ha conseguido que ambos coincidan en sus críticas sobre el destino de unos fondos que el Govern decide de manera unilateral, atendiendo exclusivamente a su interés político o financiero del momento. La ecotasa, lejos de crear conciencia de destino sostenible, es un jugoso comodín económico que el Ejecutivo utiliza para cuadrar sus cuentas. Desde las entidades ecologistas se ha llegado a calificar el impuesto de “estafa”, por cuanto se ha producido una “desviación total” de los fundamentos con los que fue puesta en marcha la medida. Desde la patronal hotelera, la crítica no es tan gruesa, porque el Govern ha accedido a todas las pretensiones del sector en la ley turística.
Sí coincido con el actual Govern en que esta figura impositiva “está consolidada” y asimilada socialmente, porque tengan seguro que ningún Ejecutivo, sea del color que sea, será tan torpe de renunciar a los más de cien millones de euros anuales que se recaudan. Podrán cambiarle el nombre e incluso las actuaciones a financiar, pero la ecotasa seguirá vigente, aunque hace tiempo que haya dejado de ser eco y una tasa finalista, si es que alguna vez llegó a serlo.
