Hace unos días, el flamante decano de los jueces de Balears, Alejandro González Mariscal de Gante, en el curso de diversas entrevistas periodísticas, ponía el dedo en la llaga. Podemos hacer cualesquiera reformas de la estructura de la administración de Justicia que, si los dirigentes de nuestro país no comienzan a tomarse en serio este servicio esencial y derecho fundamental de los ciudadanos, id est, dotan a la Justicia de los medios que precisa, no se va a arreglar absolutamente nada. O, lo que es peor, la situación de desbarajuste orgánico se agravará.
A los operadores jurídicos nos espera un comienzo de año complicado. Era lo que faltaba, que el ministro Bolaños -uno de los peores que ha tenido este país al frente de esa cartera, lo que tiene mérito si ponderamos quiénes lo han venido encabezando- comenzase a hacer experimentos para ver si, sin gastar ni invertir ni un céntimo más, conseguía desatascar los juzgados y tribunales.
El problema es que estamos en manos de toreros de salón, de individuos que no han bregado jamás por sí mismos con las limitaciones de todo orden que padecen los juzgados y soportan los justiciables, para quienes resulta absolutamente incomprensible que la Agencia Tributaria funcione como un reloj atómico y la Justicia como una tartana sin ruedas.
Eso solo se explica desde la voluntad política. A Sánchez, tan dado a tratar de controlar a los jueces en beneficio propio, podría darle por mimarlos un poco dotando a los juzgados de personal estable y de medios materiales del siglo XXI.
Unos juzgados saturados prestan un servicio deficiente, por más esfuerzos que realicen sus titulares. La digitalización de los servicios judiciales es un continuo despropósito. Una simple videoconferencia, de las que todos los profesionales hacemos casi a diario con clientes o proveedores, se convierte en un juzgado en una carrera de obstáculos para acabar resolviendo que no tienen medios para ello y frustrando pruebas legítimas y razonables propuestas por las partes. En España muchos profesionales no llegan a acuerdos por convicción, sino por coacción material, sabedores que si no resuelven los conflictos por sí mismos deberán conformarse con un servicio azaroso e imprevisible, propio de un país tercermundista.
Y la solución no es poner jueces de refuerzo a dictar sentencias telegráficas e inmotivadas como el que elabora salchichas. La justicia basura es mucho peor que la comida basura. Al menos, de esta última se puede salir.
Las últimas reformas en materia procesal son otro desastre cósmico. El obstáculo de los llamados MASC -acrónimo de “medios adecuados de solución de controversias”- para acceder a la Justicia se está convirtiendo en una barrera insalvable en muchos casos y absurda en todos ellos. Bolaños pretende maquillar las enormes cifras de litigiosidad de nuestro país -derivada de la total inseguridad jurídica- impidiendo que los ciudadanos accedan a un juicio justo en unos términos y plazos razonables.
A ver si la gente se harta y desiste de desalojar a los okupas que ampara el Gobierno, o de reclamar unas rentas que sabe que difícilmente cobrará, o de exigir un pago de honorarios o de revisar el convenio regulador de su divorcio.
Mientras la cándida y crédula plebe anda distraída y discutiendo el juicio al Fiscal General, o a los Pujol, o las causas de corrupción del entorno de Sánchez, millones de justiciables ven frustrado un derecho fundamental reconocido en nuestra Constitución. Eso no es ni Justicia, ni nada.
