La prestación farmacéutica pertenece a un sector globalizado y muy regulado. Por su importancia y complejidad, la investigación, la producción, la comercialización, la distribución, la prescripción y la dispensación farmacológica están reglamentadas por múltiples normas. Unas son industriales, otras comerciales, sanitarias, éticas, deontológicas, … Afectan a múltiples profesiones. El gasto farmacéutico puede llegar a ser el 10% del presupuesto de una CCAA.
En los últimos años, innumerables moléculas han pasado de la investigación al mercado y se han puesto a disposición de los pacientes de casi todo el mundo. Algunas de ellas han revolucionado la expectativa de vida de enfermedades, hasta la fecha, incurables. Si me tuviera que quedar con un grupo, probablemente me inclinaría por los antivirales. La investigación generada por la epidemia del SIDA ha permitido cronificar una enfermedad mortal y encontrar respuestas a otras muchas enfermedades infecciosas que sesgaban la vida de los ciudadanos. La última, la hepatitis C. Son fármacos caros de gran valor terapéutico.
Desde el prisma económico, en el otro lado de la balanza, encontramos productos sin patente, con precios muy reducidos, producidos por industrias sin línea de investigación. En estos casos, el precio puede ser el mismo que tenían los productos al final del siglo pasado.
Unos y otros medicamentos están en un mercado único y con regulación, en lo esencial, supranacional. Sin embargo, la política de precios, es distinta en cada país. De ahí que algunas empresas de la distribución con la colaboración de más de 200 farmacias buscaron un rentable nicho de mercado. La exportación de fármacos, con precios de venta que puede multiplicar por diez el de compra, produce grandes beneficios directos. Entre otros problemas, generaron el desabastecimiento de fármacos que pusieron en riesgo la vida de algunos pacientes.
Pero además, esta actividad no está permitida por la legislación. Lo que identificaron como un lucrativo nicho de mercado, en realidad, se ha convertido en una jaula. Los Cuerpos de Seguridad del Estado, con la colaboración ciudadana, han enviado a los delincuentes a su lugar natural, donde deben estar, entre barrotes.