Los fiscales anticorrupción han solicitado ocho años y medio de prisión contra Jaume Matas por pagarle unos 11.000 euros por unos reportajes que nadie encuentra. La propuesta de los fiscales parece totalmente desproporcionada y Matas tiene razón cuando dice que el objetivo es crear un juicio político a pocas semanas de las elecciones. Es una barbaridad juzgar a Matas por estas ayudas por muchos motivos: no parece lógico que el ex presidente tenga que encargarse de controlar estas situaciones administrativas, los contratos menores son habituales en la administración -que le pregunten a la mujer de Manera- y se pueden llevar un chasco si finalmente encuentran los famosos reportajes deportivos que han motivado esta pieza separada. Matas debe dar cuenta ante los ciudadanos de las posibles irregularidades que haya podido cometer durante su gestión, pero sentarle en un banquillo por este contrato de 11.000 euros es una auténtica barbaridad. Si después se archiva la causa, si la Audiencia o el Supremo confirman que no existe más de un delito civil, ¿quién pedirá responsabilidades a los fiscales? Hace tiempo que el sentido común ha dejado de presidir las acciones de nuestros fiscales y de algunos jueces.
