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No somos profesionales

viernes 22 de febrero de 2019, 02:00h

La Constitución Española reconoce que todos los españoles somos iguales ante la Ley. Al menos así lo dice el artículo catorce. Pues déjenme que les cuente que desde que ingresé como docente en el cuerpo de funcionarios del Estado, la percepción que tengo es algo distinta.

Con la descentralización de las competencias en esta materia, las comunidades autónomas asumieron la gestión de la cosa educativa y los funcionarios docentes hemos pasado a formar parte de una laguna jurídica administrativa cuanto menos curiosa. Lean.

Los exámenes para convertirse en empleado público, los convoca la administración educativa autonómica; es decir, la Consejería de Educación. Cuando apruebas el examen, el título de funcionario lo expide el Estado. Una vez en el cuerpo, podemos optar, cada dos años, a una plaza en cualquier punto del territorio español. En cuanto al “money”, no todos los profesores cobran lo mismo; eso depende de la comunidad autónoma donde desempeñes tus funciones. Y lo mejor de todo es que al formar parte de esa laguna jurídica, no tenemos la opción de crecer administrativamente y tampoco tenemos reconocida la carrera profesional.

¿Eso qué quiere decir? Pues muy sencillo. Al contrario del resto de funcionarios, los docentes no tenemos ningún incentivo para crecer profesionalmente en nuestra empresa. Para contentar a los sindicatos, hace unos años, se inventaron lo que podríamos definir como pseudónimo de carrera profesional y que denominaron sexenio que es un incentivo económico ligado a la obligatoriedad de presentar cien horas de formación cada seis años. Ni tan mal, podrían pensar algunos.

Pero la clave de la cuestión no es esa. La esencia está en confundir la carrera profesional con la formación permanente del profesorado que se debería entender como inherente al puesto. Es obvio que un docente tenga que formarse para adaptarse a las nuevas metodologías, en definitiva para enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Por tanto, los docentes también tenemos derecho, al igual que el resto de nuestros colegas, a que se nos deje progresar en una empresa, la administración pública, perfectamente jerarquizada y escalonada.

Otro ejemplo: funcionario docente que abandona las aulas y desempeña sus funciones en puestos de la administración educativa con mayor responsabilidad. Al regresar a las aulas no se le reconoce el esfuerzo mientras que a cualquier otro funcionario sí le reconocería. ¿Es injusto, verdad?

Pues al actual gobierno se le ha olvidado introducir en el texto de la reforma educativa un aspecto importantísimo que los docentes necesitan para contribuir a que se dignifique la función docente y que se les iguale en derechos al resto de funcionarios. No es posible crear diferentes estatus entre trabajadores de la misma empresa. No es posible que se cargue de responsabilidad social al docente cuando no se haga nada para motivarlo. No es posible que un docente cobre menos por estar destinado en una ciudad o en otra. La mejora sólo será posible cuando se deje de utilizar a la educación como un cromo político.

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