La okupación de viviendas es una oscura realidad en España. Por mucho que la izquierda pretenda negar la gravedad del problema atribuyéndolo a una estrategia de la derecha "para meter miedo"a los ciudadanos, los números y las historias humanas detrás de cada caso hablan por sí solas.
Según datos del Ministerio del Interior, entre enero y noviembre de 2022, se contabilizaron 15.404 inmuebles okupados en todo el país, una media de 46 por día. Un año antes, en 2021, la cifra ascendía a 17.172; o lo que es lo mismo, 47 al día.
Siendo generosamente optimistas, se podría concluir que el problema va a la baja -en un año 2.000 menos- pero siendo dolorosamente realistas, lo cierto es que la lacra es inmensa y del todo inasumible ya que, en buena parte del mapa, son casas de particulares las allanadas o usurpadas.
mallorcadiario.com publicó ayer un reportaje acerca del 'decálogo' de los okupas para conseguir su fin valiéndose de los agujeros -grietas- que ofrece la Ley. Por ejemplo, la consideración de la vivienda: si es morada -primera o segunda residencia-, estamos ante un delito de allanamiento que conlleva detención y penas de entre dos a cuatro años de cárcel.
Sin embargo, si el inmueble no constituye morada -un piso vacío, listo para vender o alquilar, por ejemplo- el delito que se comete es el de usurpación, y este no se persigue más que con multas. Y lo que es peor: si las Fuerzas del Orden no actúan de inmediato, cuando el delito es flagrante, el okupa se mete y de ahí no sale hasta que la autoridad judicial lo decrete. Pueden pasar años.
Hoy, en este medio, pueden leer tres casos recientes de okupación en Palma y s'Arenal. Desde el piso de una señora que ha sido okupado cuando se encontraba hospitalizada hasta el apartamento de la playa de una familia mallorquina - "vacío", a ojos de la ley- pasando por un piso de banco que ha podido ser desokupado gracias al sistema de seguridad que detecta un delito flagrante.
En los tres hay detenidos y en los tres la historia acaba bien ya que la vivienda ha sido recuperada gracias a la rápida y efectiva acción de la Policía Nacional, Guardia Civil o Policía Local (en este caso, de Llucmajor). Sin embargo, hay miles de casos -aquí y en el resto del país- en los que los propietarios "no llegan a tiempo" y se quedan sin casa. Por no hablar de las comunidades, que pasan de vivir entre vecinos a situaciones habituales de tensión, con peleas, amenazas, enfrentamientos, deudas, plantaciones de marihuana, prostitución, etc. Basta hablar con vecinos de fincas afectadas, huyendo de discursos buenistas y terriblemente desconectados de la calle, para comprender la magnitud del problema.
Y más allá del problema que se le genera al ciudadano de a pie -a la clase media, concretamente, que es la que mantiene este país-, existe una cuestión de fondo que es el ataque a la propiedad privada. Uno de los fundamentos de cualquier Estado de Derecho es el respeto a la propiedad privada y la libertad para ejercer con ella lo que su legítimo propietario considere, siempre dentro de los márgenes de la ley.
En este sentido, si el dueño de un piso decide mantenerlo cerrado y vacío es su decisión y así hay que respetarla. Otra cosa es que con el drama de la vivienda que atraviesa el país y sobre todo, Baleares, los gobiernos decidan actuar en positivo para "abrir" casas. Por ejemplo, con bonificaciones a propietarios para que alquilen a precios razonables o dando ayudas para la rehabilitación de inmuebles cerrados con tal de sacarlos al mercado a precios asequibles. Políticas en positivo, no dando palos y zancadilleando a quien se esfuerza por aumentar su patrimonio a base de trabajo.
Ahora que se acercan elecciones, conviene huir del inmovilismo y los discursos irresponsables y ponerse manos a la obra con los problemas serios. El ciudadano no tiene por qué pagar con sus casas la falta de vivienda de protección oficial.
