Cataluña está gobernada por una pandilla de fanáticos ultranacionalistas, sectarios y paranoicos que se han pasado los últimos 40 años haciendo lo que les ha dado la gana sin que el Estado les haya puesto freno, sino más bien todo lo contrario (y además dándoles pela a manta) y estos fanáticos chabacanos, ordinarios, vulgares, groseros (ejemplos: Quim Torra, Núria de Gispert) han aprovechado el tiempo para ir construyendo un universo mental propicio al fanatismo sectario, mediante un proceso de ingeniería nacional separatista, xenófoba, racista e irracional.
El pasado jueves el independentismo catalán dio otra vuelta de tuerca a esa espiral autodestructiva de la que empieza a no haber vuelta atrás, en la que todo vale empleando aquella vieja estrategia de cuanto peor, mejor.
Por primera vez el Parlament de Cataluña votó en contra de una propuesta de nombramiento de senador presentada, en este caso por el PSC, presentada por tanto, por un partido en cumplimiento de lo contemplado en la constitución española, artículo 69.5. “Las Comunidades Autónomas designarán además un Senador y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio. La designación corresponderá a la Asamblea legislativa o, en su defecto, al órgano colegiado superior de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo que establezcan los Estatutos, que asegurarán en todo caso, la adecuada representación proporcional.”
La no ratificación de Miquel Iceta como senador ha producido una flagrante negación pura y dura del pluralismo político, una lesión del derecho fundamental de Miquel Iceta a la participación política en su vertiente de derecho al sufragio pasivo, un menoscabo del derecho fundamental a la participación política del grupo parlamentario socialista y, por extensión, de todos los ciudadanos que votaron la candidatura socialista al Parlament.
Los parlamentos autonómicos, ningún parlamento autonómico, puede vetar, en este supuesto, la propuesta de ningún grupo parlamentario.
Es de perogrullo que en todo acto jurídico es importante identificar cuál es la manifestación de voluntad que le da origen. Y en el caso de los senadores que tienen su origen en los parlamentos de las Comunidades Autónomas, no es la voluntad del Parlamento, sino la voluntad del grupo parlamentario que propone al senador la determinante. El Parlamento no tiene voluntad en esa operación. Si la tuviera, podría designar senador a quien quisiera. Pero no puede, porque los senadores no representan al Parlamento, sino a los grupos parlamentarios presentes en dicho Parlamento. El grupo parlamentario decide y el Parlamento simplemente sanciona dicha decisión. Se trata de un acto debido, de naturaleza similar a la sanción regia de la ley. El Parlamento tiene que sancionar, pero no puede no sancionar. Igual que el rey.
Lo ocurrido en el Parlament Catalán, si estuviéramos en el terreno de la cortesía parlamentaria, podríamos calificarlo como una rabieta, una chuminada, un ataque de cuernos, una estupidez, una chiquillada de cuatro sinvergüenzas, pero no es así, sino que estamos en el terreno de la interpretación de la norma de tal manera que no conduzca a una conclusión absurda.
La única finalidad de la existencia de los senadores autonómicos es la de expresar la pluralidad política del Parlamento. Por eso son los distintos grupos políticos con representación parlamentaria los que deciden quiénes van a ser senadores. La facultad de elegir quién los va a representar en el Senado es suya y solo suya. Cualquier otra interpretación choca con el pluralismo político, que es uno de los cuatro valores superiores del ordenamiento jurídico mencionados en el artículo 1.1 de la Constitución.
Una de las cosas que este proceso secesionista está dejando claro es que la autosupuesta y autoproclamada discreción, juicio, cordura, sensatez, seny, en definitiva, catalana no era más que humo, un viejo tópico que se está cayendo a trozos.
Una vez hecho efectivo el veto de los grupos independentistas en el Parlament a la designación de Miquel Iceta como senador, el PSC ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) por lo que consideran que es una violación del reglamento parlamentario, del Estatut y de la Constitución.
Sin que el proceso secesionista sea un problema fácil de solucionar, de momento, la única forma segura de arreglar el desastre, es poner sobre la mesa de forma clara el tema de “la pela es la pela”, dejando de darles coba, de favorecer, de adular, de entrar en otra espiral de concesiones políticas y económicas que lo único que hacen es envalentonarlos más y más. En cambio, cerrando el grifo de las concesiones dinerarias voluntarias, del regalo indiscriminado de competencias les hará darse cuenta que están perdiendo la pasta, el parné, la pela y no como hasta ahora que para comprarlos les han estado regando con el dinero de todos, se obrará el milagro y el asunto de la secesión se arreglará, y si no tiempo al tiempo.
