El Tribunal Supremo ha sentenciado que el empresario Matthias Kühn tiene derecho a ser indemnizado por parte del Govern de les Illes Balears con 96 millones de euros por una desclasificación de suelo urbano a rústico, durante el Govern del Pacte de Progrés presidido por Francesc Antich.
Esta última cantidad millonaria debe ser añadida a la ya larga y onerosa lista de indemnizaciones que la Comunidad Autónoma lleva abonadas en concepto de indemnización por las consecuencias de la Ley 4/2008, de medidas urgentes para un desarrollo territorial sostenible en las Islas Baleares. Aquella norma ya arrastra más de 400 millones de euros, pues como queda en evidencia, la Ley supuso un atropello sistemático a la propiedad privada, con la desclasificación de suelos urbanos con todos sus servicios y su catalogación de suelo rústico para evitar que se pudiera edificar en ellos conforme la normativa en vigor en aquel momento.
Con aquella Ley, se causaron graves perjuicios patrimoniales que ahora, muchos años más tarde, los tribunales obligan a resarcir con el patrimonio público, que es de todos. Así, las políticas de la izquierda liderada por Antich acaban costando muy caras a la hacienda pública, que se ve privada de grandes cantidades de dinero para llevar a cabo proyectos muy necesarios para el conjunto de la ciudadanía.
Con ser mucho, lo más lamentable de todo es que nadie de los gobernantes de entonces, den la cara. Y los que lo hacen, como la socialista Mercedes Garrido, lo hagan para pitorrearse de los ciudadanos, culpando del desaguisado al exvicepresidente del Govern de José Ramón Bauzá. Mercedes Garrido, que para más inri es la responsable del fiasco del rescate del túnel de Sóller, otra millonada pagada alegremente entre todos por capricho político, no asume ninguna responsabilidad, cuando lo cierto es que es su partido y quienes entonces era sus socios parlamentarios y en el Govern, quienes deberían pedir perdón por este brutal descuadre en las cuentas públicas que el conseller de Economía y Hacienda del Govern, Antoni Costa, anuncia que obligará a aprobar una ley extraordinaria en el Parlament.
Con los 100 millones que costará la indemnización por la reclasificación de Muleta (Sóller), podrían edificarse 11 institutos o climatizarse el conjunto de los existentes en toda Baleares. Todo deberá esperar por el capricho y la irresponsabilidad política de un gobierno autonómico, el de Antich, que nos ha salido carísimo a los ciudadanos de Baleares.
