“Pacta sunt servanda” es la locución latina que recuerda que los pactos están para ser cumplidos. A ella se refiere el vicepresidente Pablo Iglesias para justificar la derogación de la reforma laboral de 2012 tras el acuerdo alcanzado estos días entre PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu.
En este caso se ha hecho con nocturnidad, sin consultar a los agentes sociales (empresarios y sindicatos) y no se ha podido elegir un peor momento, por cuanto que la incertidumbre para los empresarios es máxima, sumidos en un estado de alarma, con la demanda casi inexistente y con un gran número de parados y trabajadores en situación de ERTE.
Por muy pactada que esté, esta medida viene a añadir mucha más dudas sobre los trabajadores. Sí, sobre los trabajadores, a los que en teoría quiere beneficiar. Porque, aun pretendiendo salvaguardar sus intereses, añade más dudas sobre la continuidad de muchas pequeñas y medianas empresas y, por ende, de sus plantillas. Nos olvidamos del estrecho nexo de unión entre el empresario y trabajador. Salvo los autónomos, el uno y el otro están en el mismo barco.
Conviene recordar que un empresario es aquel agente que asume un riesgo y pone a funcionar capital y trabajo para la obtención de beneficios. Si la empresa perdura, el empresario gana y el trabajador también. El primero en forma de beneficios y el segundo en forma de salario. Si la empresa se hunde, el empresario pierde y el trabajador se queda sin empleo.
Esta crisis es sanitaria pero sobre todo es económica. Es la crisis más gorda desde el crack del 29 y aún no conocemos su verdadera dimensión.
Elegir bien los tiempos en la toma de decisiones es muy importante. Esta reforma laboral la pueden llevar a cabo si lo consideran pero ¿ahora?, ¿de verdad conocen la realidad de la pequeña y mediana empresa como para meter más presión?. Los empresarios están lidiando con dificultades que nunca antes se habían encontrado y, sin ingresos, tienen que afrontar cada mes unos pagos fijos que no perdonan. Este gobierno no debería poner plomos en sus tobillos en un momento en el que cuesta mantenerse a flote.
La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha puesto sentido común argumentando que los contribuyentes pagan a los políticos para resolver problemas, no para generarlos. Olé por ella. El presidente de la CEOE echa en cara que quienes dirigen el país en estos momentos no han visto una empresa en su vida. Tristemente no se exige el paso por la vida real para llegar a decidir sobre el devenir de un país.
En estos tiempos que corren se requieren políticos preparados, con conocimientos en su área de decisión y si carecen de ellos, al menos que sepan escuchar a los que saben. Este acuerdo de derogación de la normativa laboral lo han llevado a cabo personas que desconocen qué es una cuenta de resultados de una empresa ni cómo le afectan las debilidades y amenazas de un análisis DAFO. Pero tampoco han querido escuchar a las partes involucradas conocedoras del tema, es decir, empresarios (CEOE) y trabajadores (sindicatos).
Un proverbio chino dice que “Aquél que no sabe y no sabe que no sabe es un tonto y hay que evitarlo. Aquél que no sabe pero sabe que no sabe es un simple y hay que enseñarle”. Pero para enseñar a alguien, éste tiene que escuchar y tener voluntad de que le enseñen. Escuchar y tener voluntad de aprender son actitudes difíciles de encontrar. En este caso han brillado por su ausencia y eso para la primera línea política en época de crisis es inaceptable. Por suerte hay mentes lúcidas como la de Nadia Calviño que veremos si se hace valer.
Por mucho que los pactos estén para cumplirse, saber escoger el momento adecuado para ejecutarlos puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Esta vez hay muchos proyectos empresariales y puestos de trabajo en juego.
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