El portavoz parlamentario del PP, Sebastià Sagreras, y la portavoz parlamentaria de Vox, Manuela Cañadas, han suscrito este viernes en el Parlament un acuerdo para asegurar el apoyo parlamentario a los presupuestos autonómicos de 2025.
El pacto incluye una batería de medidas que afectan a áreas clave como memoria democrática, política migratoria, vivienda, educación, política lingüística y agricultura.
Uno de los puntos más destacados del acuerdo es la derogación de la Ley de Memoria Democrática, vigente desde la pasada legislatura. El pacto también prevé recortes en partidas destinadas a “políticas de carácter ideológico” y una reorientación de los fondos destinados a la promoción del catalán, que pasarán a centrarse en cursos de formación y en la difusión de autores locales y modalidades lingüísticas propias de cada isla.
Endurecimiento de la política migratoria
En el ámbito migratorio, el acuerdo blinda la oposición del Govern a acoger nuevos menores extranjeros no acompañados procedentes del reparto estatal entre comunidades autónomas. Además, se compromete a no financiar nuevos centros de acogida. El texto plantea la realización de pruebas de edad de mayor fiabilidad y la tramitación de expulsiones para quienes no las superen, siempre “de acuerdo con las leyes de Extranjería”.
Se endurecen también los requisitos para acceder a prestaciones sociales. Para recibir la ayuda de emancipación, los extutelados deberán acreditar al menos tres años de residencia en Baleares. Igualmente, la Renta Social quedará condicionada, para nuevos perceptores, a tres años de residencia legal y la participación obligatoria en itinerarios de inserción laboral, salvo causas justificadas. Se tendrán en cuenta factores como hijos menores o personas dependientes a cargo.
Además, se suprimirán subvenciones a asociaciones u ONG que, según el pacto, colaboren con la inmigración irregular o el tráfico de personas, y se promoverán planes de retorno para menores no acompañados, en colaboración con los consells insulars. Otro punto llamativo es la intención de identificar "pisos patera" y empadronamientos irregulares, sancionar su promoción u ocupación y establecer penas que impidan a los ocupantes acceder a ayudas sociales.
En materia de cooperación, se revisarán los proyectos en países terceros para garantizar que contribuyan a evitar la inmigración ilegal, eliminando los que no cumplan con este objetivo. También se eliminarán las ayudas a países que no colaboren con la repatriación de inmigrantes irregulares y a organizaciones islamistas. En cuanto al Programa de Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí, se pedirá al Gobierno central que lo traslade fuera de los centros educativos de las islas.
Vivienda
En política de vivienda, se establece que las ayudas al acceso deberán requerir cinco años de residencia. Se fomentará la construcción de nueva vivienda, se simplificará la legalización de viviendas existentes y se impulsará una rebaja fiscal para los pequeños propietarios víctimas de ocupaciones ilegales. Se creará, además, una Oficina Antiokupación y se sancionará a los okupas, que no podrán acceder a ayudas sociales.
Lengua y Educación
En el ámbito educativo, el pacto incluye una modificación de la Ley Balear de Educación para reforzar el bilingüismo y garantizar la vehicularidad del catalán y el castellano, así como la promoción de las modalidades lingüísticas insulares. Se impulsa la extensión del plan piloto de elección de lengua al curso 2025-2026 en Secundaria, reservando recursos para su aplicación. También se garantizará el derecho de los padres a elegir lengua de enseñanza desde la matrícula escolar.
En paralelo, se facilitará la obtención de los títulos de catalán y se ampliarán exenciones para estudiantes desplazados. Para atraer más docentes, se permitirá que en plazas de difícil cobertura el catalán no sea requisito previo, sino acreditable tras obtener la plaza.
En la administración, se garantizará que todos los trámites y respuestas al ciudadano puedan hacerse en cualquiera de las dos lenguas oficiales. Se revisará la exigencia del catalán en las bolsas públicas para que no penalice el acceso a puestos sin atención directa al público, y se ampliará a cuatro años el plazo para que empleados públicos estabilizados sin el nivel de catalán exigido lo puedan obtener.
Finalmente, el pacto recoge medidas en política agraria, como la dotación de un fondo de maniobra para compensar el impacto de las políticas europeas, incentivos fiscales al relevo generacional en explotaciones agrarias y un aumento de la promoción del producto local.
3 respuestas
Por fin han puesto co**nes…
Ya era hora de eliminar esos beneficios y diferencias, mientras los pobres mallorquines que pagan NO reciben nada.
enhorabuena vox y al p.p. por entender que con vox se puede llegar a acuerdos muchos de los cuales votamos a vox porque lo llevaba en su pograma
Lo que está deseando la ciudadanía: planes antiokupas, planes antiinmigración ilegal, memoria democrática, imposiciones lingüísticas…