El modelo sanitario español es el resultado del esfuerzo colectivo de varias generaciones. Un motivo de orgullo nacional y la envidia de muchos países. La consolidación definitiva se canalizó en la última década del siglo pasado. El factor humano representa un puntal destacado por su competencia y por su elevado desarrollo profesional.
Los años 90 fueron difíciles. Con una crisis económica galopante, un excedente de profesionales humillante, las arcas públicas exhaustas por el saqueo y el despilfarro; en este contexto, la precarización de los profesionales fue la norma.
No fue hasta 2003, con la bonanza económica y con la llegada al Ministerio de Sanidad de la inefable Ana Pastor, cuando se aprobaron las normativas que dan cohesión a un refundado sistema sanitario salido de unas transferencias dilatadas en el tiempo, asimétricas e inconexas.
En estas mismas fechas, se fortalecieron y ordenaron las profesiones sanitarias, se modernizó el texto preconstitucional que regula sus condiciones laborales y se aprobó la ley que le da coherencia y garantía de calidad.
La carrera profesional (CP) se aprobó en 2003. Se empezó a aplicar en 2007, a los 20 años del inicio de su reivindicación. En un ejercicio de realismo y generosidad las fuerzas sindicales negociaron su implantación progresiva hasta 2011. La realidad muestra que se respondió a la generosidad con desprecio y a día de hoy, en nuestra comunidad, no se ha llegado a implantar de forma definitiva. Continúa siendo, para los baleares, una quimera. Para controlar la burbuja financiera generada por la crisis inmobiliaria y de las cajas, se recortaron derechos a todos los funcionarios. A los sanitarios se le añadieron recortes específicos en la carrera.
Cinco lustros más tarde, algunos gobiernos siguen cebándose específicamente con los sanitarios. Son terreno abonado. Preocupados por su profesión y por su compromiso con los pacientes, acaban siendo rehenes del mamporrerismo político instado por otros colectivos.
Si fuera un tema económico, bastaría explorar y reconducir los desvíos no justificados en aumento de actividad, de cualquier gerencia de sector. Serviría para compensar ampliamente su coste.
Si fuera un problema territorial se podría consultar como la aplican el resto de comunidades autónomas. Ninguna de ellas, y ninguna quiere decir exactamente ninguna, tiene problemas para afrontarla.
Si el objetivo fuera racionalizar el gasto, se acabarían los casos escandalosos como el del facultativo del Hospital Son Llatzer que sin realizar actividad asistencial alguna, sigue cobrando de las arcas públicas. Se acabaría con la mamandurria de ciertos personajes que cobran sin atender enfermos, mientras hacen tiempo visitando despachos, para entrar en la anunciada nueva facultad a la vez que atienden sus negocietes, en horario laboral.
Para este viaje no hacían falta alforjas.
