Al final de esta semana se cumplirán tres años desde que se desarrollara totalmente el sistema oficial de alarma Es-Alert. Su entrada en vigor, tras un corto periodo de prueba, está facilitando el aviso indiscriminado de una emergencia, en zonas concretas, ante la posibilidad de una catástrofe natural o un evento de riesgo para la población. Esta herramienta, implementada por la Red Nacional de Alertas, fue financiada con cargo a los fondos europeos Next Generation y la pueden emplear los Centros de Emergencia de las Comunidades Autónomas (112) y el Ministerio del Interior, a través del Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM), en casos que afecten a varias comunidades o de interés nacional.
En el estándar europeo (EU-Alert) existen tres niveles de aviso: el llamado Presidencial o nivel 1 (heredado del sistema norteamericano), el nivel 2 o Pre-alerta y el nivel 3 o alerta Amber. La diferencia estriba en la gravedad del suceso y corresponden, respectivamente, al riesgo inminente para la vida, los avisos informativos o consejos antes de que la situación sea crítica y, por último, el menos comprometido se usa para casos muy específicos como secuestros o avisos de salud pública. En España todas las alertas, independientemente de su trascendencia, son del nivel máximo.
El empleo de este mecanismo se ha ido incrementando, especialmente desde la controversia suscitada por su tardía remisión el 29 de octubre de 2024 en Valencia. Hasta esa fecha, se habían enviado 45 alertas y 214 desde entonces, en apenas 16 meses. Según informan fuentes próximas al ministro Fernando Grande-Marlaska, la Generalitat de Cataluña ha advertido de riesgos potenciales en 103 ocasiones, seguido de la Comunidad Valenciana (26), Castilla y León (24) y Castilla -La Mancha (22). En Illes Balears sólo se ha utilizado en 5 ocasiones. Curiosamente, la Comunidad de Madrid sólo ha enviado una alerta, el 3 de septiembre de 2023, y provocó tal polémica, llegando Vox a pedir que fuera una recepción voluntaria para impedir una “intolerable intromisión en la vida privada”, que podría haber pesado a la hora de que su Gobierno limitase el lanzamiento de mensajes, sólo como último recurso.
El elevado empleo preventivo, que no ha supuesto una emergencia real percibida por la ciudanía, está suponiendo un efecto llamado “fatiga de alertas”, porque es importante no convertir la información útil en una sobrecarga informativa, para evitar que se reproduzca la moraleja del cuento sinfónico compuesto por Serguéi Prokófiev. Si es cuestionable el criterio y uso de las alertas de Protección Civil, lo es también los referentes por parte de la AEMET (v.g. el aviso rojo supone la caída de 180 litros/m2 en Valencia, aunque en la fatídica DANA, que costó la vida a 230 personas, cayeron 772 l/m2 en Turís: origen, a 42 kms. del lugar de la tragedia, donde apenas llovía). Por eso sería conveniente graduar mejor su uso por quienes prefieren curarse en salud, para evitar alarmas innecesarias, pues en 2025 se declararon cinco alertar rojas en esa Comunidad, sin ninguna consecuencia para las vidas humanas y animales, lo que acabará por atenuar el efecto imperativo de una medida extrema.
Antes de que nos habituemos a un empleo exagerado del sistema, provocando una tolerancia que haga ineficaz un arma de gran utilidad pública, convendría revisar los protocolos y sus aplicaciones prácticas. La innecesaria extensión y falta de concreción de las alertas, así como la breve permanencia de la notificación y su difícil recuperación histórica en los terminales Android, debería someterse a reflexión. Con todo y con eso, es imprescindible que se puedan distinguir cuanto antes las alertas de emergencia por grandes riesgos, de los avisos preventivos de fenómenos ante los que sólo se debe estar precavido. Hoy la gente prefiere que le advierten, aunque sólo se oiga un aullido a lo lejos, pero corremos el riesgo de que venga el lobo y nos pille distraídos.
