La Fiscalía interesa que sea condenado a una pena de dos años y medio de prisión y a la devolución de la cantidad estafada a la empresa perjudicada como supuesto autor de un delito de falsedad documental.
Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, tuvieron lugar en abril de 2015, cuando el procesado era trabajador de una inmobiliaria de Ibiza.
El hombre supuestamente negoció una operación de arrendamiento de una villa con un cliente y, sin que ella tuviera conocimiento, estampó la firma de su jefa en el contrato y modificó el número de cuenta al que tenía que ir dirigida la transferencia, poniendo la suya propia.
Así, el cliente cayó en la trampa y le realizó una transferencia de 17.000 euros, de los que el acusado se apropió y que nunca devolvió.
