Un grupo de afectados por la Ley de Costas procedentes de Mallorca y Formentera han exigido hoy ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que cambie la normativa por lo arnitrario que resulta su aplicación. Los eurodiputados del Partido Popular Rosa Estaràs y Carlos Iturgaiz han solicitado en este marco que se haga un llamamiento al Gobierno de España para evitar la presunta aplicación abusiva de la Ley de Costas española que, en el caso concreto de Baleares, está provocando “la pérdida o limitación de los derechos de propiedad privada”. La eurodiputada balear ha citado los casos concretos de Formentera y de Llucmajor. De hecho, asistió a la Comisión de Peticiones un grupo de afectados de Mallorca y Formentera. Tanto Iturgaiz como Estaràs denunciaron la inseguridad, la arbitrariedad y la retroactividad de la normativa estatal. Estaràs explicó que en Mallorca se han producido distintos deslindes y que, en el caso de Formentera, cuyos ingresos proceden del sector turístico, “se prometió a sus habitantes un plan especial, que nunca se ha puesto en marcha”. “Allí, el carácter retroactivo de la Ley y su aplicación arbitraria ha afectado a negocios familiares puestos en marcha hace tres generaciones, en la década de los años 50, entendiendo la personalidad de la Isla y cometiendo grandes injusticias". Rosa Estaràs ha pedido a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo “que se solicite al Gobierno de España que se tomen las medidas necesarias para evitar la desazón y desesperanza de todos los que se ven en esta tesitura; de la tal manera que se haga justicia". Estaràs ha dicho que, aunque la Ley de Costas tuvo en su concepción una intencionalidad positiva, su aplicación posterior ha provocado una gran inseguridad jurídica. La eurodiputada balear recordó que “esta ley tiene carácter retroactivo y su aplicación ha sido arbitraria”. “Todo ello ha provocado la vulneración de los derechos sobre la propiedad privada, por lo que los propietarios se han sentido engañados. Lo que solicitan ahora estos ciudadanos es que se les garanticen sus derechos sobre la propiedad privada”. La demanda de la eurodiputada balear ha sido una de las 40 peticiones presentadas hoy sobre la aplicación de la Ley de Costas Española. Ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Finalmente la Comisión de Peticiones ha acordado estudiar detenidamente las demandas y, en breve, emitir un dictamen. Se hace eco, además, del malestar de los peticionarios y, de la injusticia que la aplicación de esta ley ha producido.
