La crisis institucional provocada por Podemos a cuenta de la sentencia que inhabilita al diputado Alberto Rodríguez ha alcanzado niveles inauditos al acusar un miembro del Gobierno de prevaricación nada menos que al Tribunal Supremo. Con este término tan grueso se expresó la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, al conocer el criterio del alto tribunal sobre la situación procesal de Rodríguez, condenado por agresión a un policía y obligado a dejar su escaño en el Congreso de los Diputados.
La presidenta de la Cámara, la socialista Meritxell Batet, no ha tenido más remedio que ejecutar la sentencia abriendo, además, un nuevo frente entre los dos partidos de la coalición de Gobierno -tras el suscitado a cuenta de la derogación de la reforma laboral-. Batet ha acabado actuando en consecuencia, lejos de la intención de los compañeros de Rodríguez, que presionaban para que el pago de la multa también impuesta bastara para cerrar el asunto y el diputado podemita mantuviera su escaño.
Ministras de la nación como Irene Montero y la citada Belarra han encabezado esta toma de posición, argumentando una supuesta ilegitimidad del alto tribunal y dando amparo a los hechos por tratarse de un asunto que por haber ocurrido hace siete años ya debería estar superado. Según ellas -junto a otros destacados dirigentes de Podemos, como Pablo Echenique- el Supremo demuestra que no es un órgano democrático al dirimir la causa judicial en los términos que lo ha hecho.
Los de Podemos se han lanzado en tromba a defender al diputado demostrando una vez más una pretendida autoridad moral que les permite situarse por encima de las instituciones considerando que ellos son los verdaderos representantes de los ciudadanos y los únicos que pueden señalar lo que es justo y lo que no, sin importarles -diríase que incluso deseando- que ello desemboque en un choque de poderes y en una crisis institucional sin precedentes.
Podemos ha vuelto a utilizar en este caso su doble vara de medir, muy exigente cuando las polémicas alcanzan a otros partidos y muy condescendiente cuando le toca a ellos rendir cuentas ante la justicia. El problema añadido es que una reacción tan ruidosa haya buscado socavar la credibilidad de aquellas instituciones que no se plieguen a los intereses del partido, sin importarles el imperio de la ley que a todos compete por igual y alentando el desprestigio de instituciones como el Supremo sin percatarse de que, con actitudes como esta, se desprestigian a sí mismos.
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