La profesión veterinaria, pilar esencial del bienestar animal y de la salud pública, se encuentra en pie de guerra. Las actuales restricciones impuestas por el Real Decreto 666/2023 sobre el uso de antibióticos en animales, están generando una crisis silenciosa que ya está costando vidas. No vidas humanas, pero sí de aquellos seres que dependen exclusivamente del criterio clínico de un profesional: los animales domésticos.
Las protestas que se han repetido en toda España —y también el pasado domingo en Baleares— no son una reacción caprichosa ni injustificada. Son una llamada desesperada de miles de veterinarios que denuncian una normativa desproporcionada, burocrática e ineficaz que les impide hacer su trabajo con rigor, ética y rapidez.
La imposibilidad de prescribir antibióticos a animales sin chip o la necesidad de justificar clínicamente tratamientos urgentes está derivando en casos de sufrimiento innecesario e incluso en muertes evitables.
La imposibilidad de prescribir antibióticos a animales sin chip o la necesidad de justificar clínicamente tratamientos urgentes está derivando en casos de sufrimiento innecesario e incluso en muertes evitables
No se trata de desproteger la salud pública ni de fomentar el uso indiscriminado de fármacos. Se trata de confiar en quienes llevan años formándose y trabajando con el compromiso de cuidar la vida animal. Las autoridades deben escuchar a este colectivo, revisar con urgencia la normativa y adaptarla a la realidad clínica, donde la inmediatez y la experiencia pesan más que la rigidez administrativa.
El futuro de la salud animal depende de una regulación justa, proporcionada y basada en la realidad del terreno. Ignorarlo es condenar a nuestros animales a una asistencia deficiente y a nuestros veterinarios a la impotencia.
Resulta inconcebible que el Gobierno central no atienda las demandas del colectivo veterinario, sometiéndolo a unas restricciones caprichosas que redundan negativamente en la salud de las mascotas en caso de enfermedad grave. Si eso, además, lo hace un Gobierno que hace bandera del bienestar animal, es mucho peor. Por ello, el Ejecutivo debe rectificar y escuchar a quienes verdaderamente saben de sanidad animal: los profesionales veterinarios.
