La iniciativa plantea modificar el artículo 57 del Código Penal para que, además de los delitos de naturaleza sexual, se incluyan los de acoso y persecución cuando se cometan contra menores. Según el PP, el actual marco legal deja a la Conselleria de Educación y Universidades sin herramientas "eficaces" para apartar de forma inmediata a profesionales condenados en primera instancia por "hechos graves" contra niños.
La diputada responsable de la propuesta, Anabel Curtó, ha destacado que esta laguna legal ha generado "alarma social y una gran preocupación" entre las familias, que demandan una respuesta inmediata de las instituciones. "La protección de los niños tiene que ser siempre la máxima prioridad, por encima de cualquier otra consideración", ha subrayado.
La PNL solicita al Gobierno central que defina con mayor claridad los requisitos de acceso y ejercicio de profesiones en contacto habitual con menores, así como mecanismos que permitan separar de sus funciones de manera inmediata a los condenados por acoso o persecución de niños.
Curtó ha insistido en que su grupo parlamentario considera "urgente e imprescindible" esta reforma para evitar nuevas situaciones de vulnerabilidad. Además, ha instado al Ejecutivo a actuar con "la máxima celeridad y responsabilidad" en la modificación de la normativa vigente, asegurando que "no puede haber margen de duda ni de impunidad cuando se trata de garantizar la seguridad y el bienestar de nuestros menores".
Con esta propuesta, el PP pretende garantizar "respuestas claras, firmes y responsables" por parte del Gobierno, atendiendo la "legítima preocupación de las familias y reforzando la seguridad y el bienestar de la infancia y la adolescencia".
CASO ROLDÁN
El inicio del curso escolar en el CEIP Maria Antònia Salvà de Son Sardina, en Palma de Mallorca, ha estado marcado por una fuerte controversia debido a la reincorporación de Miquel Roldán, un docente condenado por acoso a un menor. La sentencia, dictada en diciembre de 2023 por el Juzgado de lo Penal número 3 de Palma, le impuso una pena de un año de prisión y una multa de 6.000 euros. Sin embargo, la jueza no consideró que los hechos estuvieran relacionados con su actividad docente, por lo que no se le aplicó la pena de inhabilitación profesional, permitiéndole continuar ejerciendo la enseñanza mientras la sentencia no sea firme.
Ante esta situación, las familias del centro educativo han organizado una huelga de asistencia, convocando a no llevar a sus hijos a la escuela durante los primeros días del curso. El presidente de la Asociación de Familias del colegio, Alberto del Álamo, ha expresado que "ningún alumno ha acudido hoy a su primer día de clase", destacando el apoyo masivo a la protesta.
La preocupación de los padres radica en la presencia de un docente condenado por acoso en el entorno escolar de sus hijos. Han remitido una carta a la Conselleria de Educación y Universidades denunciando que la presencia de Roldán "genera alarma, desconfianza y miedo", y han afirmado que sus hijos tienen "derecho a crecer y aprender en un entorno protegido y libre de riesgos".
La Conselleria de Educación ha indicado que, al no ser la sentencia firme y no haberse dictado una pena de inhabilitación, no tiene competencias para apartar al docente del aula. Sin embargo, ha propuesto que otro educador acompañe a Roldán en todas sus clases como medida de supervisión.
