El abogado y fiscal en excedencia, Pedro Horrach, se posicionó este jueves a favor de que haya una regulación de los medios de comunicación, que correspondería al Poder Legislativo, para salvaguardar la presunción de inocencia de las personas investigadas. En las últimas semanas ya se han oído reflexiones en este sentido, provenientes de diversos ámbitos, a raíz de filtraciones a los medios de declaraciones judiciales. En Balears, la declaración de una testigo protegida en el ‘caso Cursach’, acusando al expresidente del PP de Palma, José María Rodríguez, y al diputado autonómico, Álvaro Gijón, y determinadas informaciones periodísticas derivadas de la polémica declaración, ha permitido comprobar los efectos demoledores que, al margen del proceso penal que sigue la Justicia, operan en los investigados la publicación de ciertas informaciones no corroboradas más que por el testimonio de alguien que, además, ha incurrido en contradicciones y que se niega a aportar otros datos que permitan corroborar sus graves acusaciones.
Horrach, como prestigioso jurista que es, no es ajeno a la polémica y ofreció su opinión, aunque reconoció que es un asunto complicado, pues tanto el derecho a la presunción de inocencia como el derecho a la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a la información, son derechos fundamentales que la Constitución reconoce y garantiza.
Aunque sea una obviedad, Horrach recordó que “lo único que puede desvirtuar la presunción de inocencia es un juicio y una sentencia”. Desde este punto de vista, es profundamente decepcionante que toda una diputada autonómica como Laura Camargo, portavoz parlamentaria de Podem y que aspira a liderar esa formación política, haya dictado ya una sentencia condenatoria en toda regla, exigiendo la dimisión de Álvaro Gijón. Y no contenta con eso, además tilde al partido mayoritario en el Parlament de “sindicato del crimen” y de regirse por la “omertá”. Sus palabras corroboran la advertencia de Horrach de que la presunción de inocencia ha quedado desvirtuada.
