La Conferencia de Presidentes de comunidades autónomas y del Gobierno de España, celebrada este viernes en Barcelona, ha puesto de manifiesto, una vez más, el aislamiento institucional que sufre Baleares frente a un fenómeno tan complejo y grave como es la llegada masiva de inmigrantes irregulares a las islas.
La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha alzado la voz con contundencia y, sobre todo, con lógica. No se trata de alarmismo ni de discursos oportunistas: lo que exige la jefa del Ejecutivo balear es una implicación real del Gobierno central para frenar la creciente llegada de pateras a las islas. Y no le falta razón cuando denuncia: “Nos están dejando solos”.
Baleares no puede afrontar en solitario un fenómeno que, lejos de ser puntual, responde a un patrón consolidado y que va en aumento, como evidencian las cifras de embarcaciones interceptadas y migrantes arribados a territorio balear.
Baleares no puede afrontar en solitario un fenómeno que, lejos de ser puntual, responde a un patrón consolidado y que va en aumento
La ruta migratoria desde Argelia existe. Lo reconocen las cifras, lo viven los profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y lo padece una Comunidad Autónoma que carece de recursos suficientes para responder de forma digna y eficaz. Negar esa realidad, como ha hecho reiteradamente el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no solo es irresponsable, sino que deslegitima al propio Gobierno a la hora de liderar una política migratoria eficaz.
La gravedad de la situación exige respuestas, no excusas. Y esas respuestas deben llegar ya. Baleares no pide privilegios, pide ayuda, justicia territorial y sentido común.
La frontera sur de Europa no puede quedar al margen del sistema de protección del Estado ni depender únicamente de la voluntad del Govern. La falta de coordinación y compromiso por parte del Gobierno central no es solo una negligencia, es una falta de respeto a los ciudadanos de Baleares y una grave dejadez de sus obligaciones legales y de sus responsabilidades políticas.
La firmeza de Prohens merece el respaldo de toda la sociedad balear y el apoyo del resto de comunidades autónomas. Lo que está en juego no es un conflicto político más, sino la capacidad del Estado para responder a una realidad que afecta a la seguridad, la cohesión y los derechos humanos en un territorio insular como el nuestro.
