El Consell de Mallorca y la Guardia Civil muestran su disposición a colaborar mutuamente al constituir una Comisión de Seguimiento para coordinar la protección del patrimonio de la isla. Se trata de una actuación relevante y no una mera declaración de intenciones.
Se ha activado un protocolo conjunto que incluye el uso de drones sobre zonas arqueológicas sensibles y la próxima adquisición de una cámara submarina para vigilar yacimientos bajo el mar. Son herramientas tecnológicas necesarias para proteger y preservar de expolios o deterioros irreversibles, tanto el patrimonio histórico como el patrimonio cultural subacuático
Durante la reunión celebrada en la Comandancia de la Guardia Civil de Baleares, se seleccionaron los yacimientos más vulnerables y se reforzó la interacción entre el Consell y unidades especializadas como SEPRONA y GEAS. Es imprescindible convertir ese protocolo en una política con músculo y continuidad.
En los últimos meses, se han dado ejemplos muy concretos de lo que está en juego. El rescate de dos cañones subacuáticos en Cala Rajada –de aproximadamente 2,5 metros cada uno y mil kilos de peso– ha mostrado la fragilidad del patrimonio frente al expolio o la acción del mar, y cómo el conocimiento técnico y la coordinación pueden salvarlo.
También recientemente se interceptaron en el aeropuerto y en un domicilio de Palma un millar de piezas arqueológicas expoliadas, desde monedas griegas y romanas hasta joyas y ánforas. Son ejemplos claros de que el patrimonio no es un tema abstracto: se roba, se trafica y se pierde si no hay una respuesta firme.
La dotación decidida de medios —tanto humanos como materiales— a la Guardia Civil es ineludible. De poco sirve firmar convenios si no se garantiza su financiación sostenida. La protección del legado cultural de Mallorca exige además transparencia, evaluaciones periódicas y participación ciudadana, movilizando también a organizaciones de la sociedad civil que llevan décadas alertando de riesgos.
