La pesca artesanal de Baleares celebra hoy una jornada de paro con barcos amarrados y la actividad prácticamente congelada en lonjas, en protesta por la aplicación del nuevo marco de control de capturas derivado del Reglamento europeo 2023/2842 y, en concreto, por las obligaciones ligadas al Diario Electrónico de Abordo (DEA). El sector denuncia que las exigencias “no están pensadas” para la realidad de la pesca costera mediterránea y avisa: si no hay rectificación, el conflicto puede ir a más.
El núcleo del choque está en dos obligaciones que los pescadores consideran impracticables. La primera, el preaviso rígido de cuatro horas para notificar la llegada a puerto. La Federación Balear de Cofradías sostiene que, para embarcaciones con faenas cortas y caladeros cercanos, se traduce en una escena absurda: barcos “parados en la mar, a pocos minutos del puerto, solo por cumplir un trámite administrativo”.
La segunda, el llamado “kilogramo cero”: registrar desde el primer kilo y con detalle (a menudo, por especies y pequeñas cantidades), lo que en el Mediterráneo —con alta biodiversidad— multiplica el papeleo y eleva el riesgo de errores sancionables. El propio Govern alerta de que obligar a detenerse en el mar o a la entrada del puerto para separar capturas e introducir datos incrementa consumo de combustible y puede generar situaciones de riesgo para la seguridad marítima.
En paralelo al paro, el Govern balear ha comunicado que ha remitido al Ministerio un documento de alegaciones contra estas obligaciones, defendiendo que la flota isleña trabaja mayoritariamente en jornadas inferiores a 12 horas, con entrada y salida diaria del puerto base y comercialización inmediata en fresco. Y ha anunciado presencia institucional en la protesta: el director general de Pesca, Antoni M. Grau, está previsto que asista hoy a la concentración a las 11.00 horas en la lonja de Palma.
Grau ha verbalizado el respaldo del Ejecutivo autonómico y ha cargado contra el diseño normativo: “No podemos permitir que decisiones tomadas desde Bruselas, sin tener en cuenta las especificidades del Mediterráneo, pongan en riesgo la viabilidad económica y social de un sector estratégico para las islas”, ha señalado.
El sector insiste en que no rechaza el control ni la trazabilidad, pero pide “sentido común” y flexibilidades ya previstas en el propio derecho comunitario: excepciones para flotas de salidas cortas, tolerancia ante discrepancias menores “imposibles de estimar con fiabilidad” y suspensión cautelar de las nuevas exigencias mientras se tramitan esas excepciones. El aviso final es claro: la jornada de hoy puede ser solo el principio y no se descarta una huelga indefinida si no hay cambios.
