La grabación clandestina del video de la declaración de la infanta Cristina ante el juez Castro ha desatado una tormenta mediática, judicial, policial y política sin precedentes. La presencia de centenares de agentes el pasado sábado protegiendo a la hija del Rey se ha convertido en un soberano ridículo. Cristina no bajó la rampa para no ser ametrallada a imágenes. Se trataba de una cuestión superficial y sin importancia. Pero si fue grabada subrepticiamente cuando declaraba, efectivamente puede tener mucha importancia de cara a su futuro procesal. Cabe felicitar al diario El Mundo por esta exclusiva, que ha tenido una gran resonancia internacional. Este periódico ha visto destituido recientemente a su director por presiones de altas instancias del Estado. La declaración de la infanta acabó a las siete de la tarde y unas horas después la imagen de Cristina ante Castro entró en máquinas en la rotativa madrileña de este periódico. La rapidez fue total. Casi como la que se apuntó en diario ABC el pasado 10 de septiembre cuando consiguió las fotos del juez Castro entrevistándose con la abogada de Manos Limpias Virginia López Negrete pasadas las ocho de la tarde de un festivo y publicadas para el día siguiente. Pero entre ambos hechos hay una diferencia fundamental. Castro y Negrete estaban en un bar y luego en plena calle. Por contra Cristina se encontraba en un lugar que en aquellos momentos era el más vigilado del planeta, donde teóricamente no se podía mover ni un bolígrafo sin que la Policía se enterase. El juez decano, Martínez Espinosa, ha abierto una investigación para saber quien es el autor de la grabación. El propio magistrado Castro ha afirmado que sospecha quien ha sido. En realidad hay poco que sospechar. Nos encontramos en una sala reducida con relativamente pocas personas donde todos ocupaban un lugar predeterminado y equidistante. Excepto la infanta, que estaba situada frente a Castro, todos se veían los unos a los otros. Cualquier detective privado de medio pelo descubriría al autor sin despeinarse. No hace falta ser un 007 del CNI para desentrañar una evidencia de tal calibre. En una grabación el encuadre es implacable, por mucho que se trate de una cámara oculta. El tiro de cámara fija exactamente donde estaba situada. Muestra a los que se encontraban a la derecha y a la izquierda del autor. Enmarca y desenmascara. Es blanco y en botella. A partir de ahí sólo resta investigar si el susodicho pasó todos los controles y si éstos no detectaron nada anómalo. Si no descubrieron la cámara en los controles, la Policía y sus superiores políticos han hecho un ridículo espantoso ante los ojos del planeta. ¿Pero y si la cámara ya se hallaba en el interior del juzgado y alguien se la pasó al autor una vez dentro? Entonces ya no estaríamos ante un actor individual sino ante un plan preconcebido, ante una conspiración. En tal caso, y para descubrir no sólo la autoría material sino también la intelectual sólo cabe acudir a la pregunta del avezado e incisivo derecho romano: ¿Qui prodest? (¿A quién beneficia?) este desaguisado. Solo buscando a los beneficiarios es posible llegar al ovillo del asunto. La declaración de la infanta Cristina ha sido una decisión personal del juez Castro. Ni Fiscalía, ni Abogacía del Estado (Hacienda), ni Abogacía de la Comunitat Autònoma acusaban. Es más, esta declaración suponía en la práctica el final de la instrucción, la pérdida del control del sumario por parte de Castro. Cristina declaró protegida por centenares de agentes. Aquello no era un proceso penal normal. Era el Estado emparedando a Castro y dejándole sin margen de maniobra. Era el final de su reinado casi omnímodo sobre el caso. Pero tras la grabación y publicación del video quien queda en ridículo es el Estado. Del Rey al último agente que montaba guardia el sábado en Palma. De los ministros de Interior, Justicia y el Fiscal General del Estado hasta la delegada del Gobierno. Todos han quedado como ineptos mientras se desarrollaron las ocho horas del interrogatorio protagonizado por Castro ante una infanta tan protegida como evasiva y huidiza. En este escándalo del video hay vencedores y vencidos. Hay beneficiarios y perjudicados. Y vuelve el desconcierto entre todos los que han desarrollado sus movimientos tácticos con un único objetivo: quitarle el caso a Castro, que ahora entra en fase de calificación de los hechos con la opinión pública azorada, boquiabierta y en guardia. Cuando estaba en sus postrimerías, la cosa se lía cada vez más. ¿Qui prodest video?
