El vicepresidente del Govern, quien ayer ejerció de portavoz en la habitual rueda de prensa posterior al Consell de Govern, anunció la decisión adoptada de encargar a los servicios jurídicos de la comunidad autónoma la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra el Estado por su decisión de no prorrogar las inversiones estatutarias (que se elevan hasta los 63 millones de euros) destinadas a la Playa de Palma, alegando que no se han justificado y que el plazo para hacerlo expiró en agosto. El Gobierno central se mostró inflexible en su negativa a conceder un aplazamiento para la ejecución de las obras, por más que así se ha solicitado por parte del Ejecutivo autonómico.
El Govern hace bien en activar todos los mecanismos a su alcance para defender los derechos de los habitantes de Balears, también recurriendo a los tribunales si es necesario. Es cierto que las obras no han sido ejecutadas en el plazo que fue estipulado en el convenio correspondiente entre Turespaña y el Govern, pero no es menos cierto que Balears está a la cola de las comunidades autónomas en inversiones por parte del Estado, que incumple reiteradamente lo establecido en el Estatut d’Autonomia de les Illes Balears.
Además, el Govern no cierra la puerta a la negociación política lo cual es algo que no debe hacerse nunca, pues más fácil es llegar a un acuerdo que esperar a la resolución de los tribunales, que no será algo rápido ni fácil.
