Tras haber experimentado una recesión profunda, España disfruta de una sólida recuperación. Con esta afirmación empieza el informe de la OCDE titulado "Estudio económico de España. Reformas para un crecimiento inclusivo". Es una de las más sólidas recuperaciones de todos los países de la OCDE. Aun así, es necesario acometer más cambios para mejorar el bienestar.
Las reformas estructurales llevadas a cabo en los últimos años han conseguido el crecimiento del PIB, según dicho estudio. Se están refiriendo a las reformas en el sector bancario (reestructuración y tras detectar los más débiles según las pruebas de resistencia a las que les sometieron, creación del SAREB y una mayor regulación), reformas en el mercado laboral (la reforma del mercado laboral de 2012 permitió, según la OCDE, definir con mayor claridad los criterios que justificaban el despido procedente y reducir la cuantía de la compensación por despido improcedente, se dio prioridad a los convenios colectivos formalizados dentro de una empresa por encima de convenios colectivos de ámbito superior y relajó las condiciones por las que las empresas podían descolgarse con mayor facilidad de estos últimos y las reformas en el mercado de bienes y servicios (sobre todo se refiere a la creación de la Ley de Unidad de Mercado de 2013 cuyo objetivo principal es armonizar la regulación empresarial entre las distintas comunidades autónomas, creando un mercado verdaderamente único, simplificando los requisitos de concesión de licencias a empresas, aumentando así, el uso de los procedimientos de notificación, reduciendo la necesidad de obtener autorizaciones previas y velando por que los permisos que se concedan en una comunidad autónoma sean válidos automáticamente en las demás).
El crecimiento económico ha venido por dichas reformas y además, se han visto favorecidas por la política monetaria de la zona del euro, el bajo precio del petróleo y, más recientemente, por la política fiscal expansiva han servido de apoyo a la demanda interna. No obstante, sigue siendo difícil conseguir un aumento del bienestar y del PIB per cápita.
Es por eso que la OCDE hace una serie de recomendaciones que, según su parecer, llevarán a un mayor aumento en la distribución de la riqueza y a un descenso de las desigualdades.
Entre las medidas que proponen se encuentra la promoción de la inversión empresarial en innovación que compensará el bajo aumento de la productividad de los últimos años. Otro aspecto que destacan como lastre es el elevado nivel de desempleo, sobre todo entre los jóvenes y los de larga duración. En este sentido, señalan que es fundamental reforzar la formación y la asistencia en la búsqueda de empleo, así como mejorar la protección social con un mayor apoyo en materia de ingresos mínimos. Sus recomendaciones para reducir la tasa del desempleo son: El uso de herramientas para la creación de perfiles de los desempleados así como de consultores especializados, el aumento de los recursos y el número de profesionales de servicios de empleo por cada demandante de empleo y la mejora de la coordinación para proporcionar un apoyo integral a los demandantes de empleo a través de un punto único de contacto para los servicios sociales y de empleo y programas de asistencia social.
Otro aspecto que señalan como ralentizador son las condiciones laborales y salariales impuestas por la prórroga de los convenios colectivos que pueden llegar a ser demasiado restrictivas para que las nuevas empresas puedan competir con las empresas más establecidas. En este sentido, recomiendan que exista una representación cada vez mayor de los colectivos empresariales cuando se autorice la prórroga de los convenios colectivos.
Otro aspecto a mejorar es el del bajo nivel de habilidades entre los adultos que lastra el crecimiento de la productividad. Añaden que desciende la tasa de abandono escolar pero sigue siendo elevada. Su recomendación, en este sentido es mejorar la calidad de la enseñanza a través de una mejor formación universitaria del profesorado y en el puesto de trabajo.
