La propuesta de Pedro Sánchez de acometer una próxima reforma constitucional viene cargada de sentido común y se presenta como la única opción viable en orden a resolver acuciantes problemas que aquejan a nuestra democracia, situándose a medio camino entre aquellos que, como Mariano Rajoy, han abusado de la táctica del avestruz, sin hacer absolutamente nada significativo durante su mandato y esperando a que, milagrosamente, los problemas desaparecieran, y aquellos otros que, como Artur Mas y el independentismo, dan por rota la baraja sin apuntar ninguna otra solución que el desmembramiento del estado.
La redefinición de la estructura territorial de España –problema eternamente pendiente, por incabado-, la reducción de las estructuras centrales que duplican órganos con competencias ya transferidas, la probable eliminación del Senado, la supresión de los privilegios sexistas en la sucesión a la Corona y algunas otras materias han de ser necesariamente objeto de debate y resolución con el más amplio consenso posible, partidista, social y territorial.
Empezando por la de mayor actualidad, en plena polémica por la designación como senadores de expresidentes autonómicos en retirada, ciertamente la supresión o reforma del Senado será a todas luces una de las materias objeto de esa reforma.
El Senado ha devenido en una cámara que, amparada en una supuesta representación territorial de las diversas comunidades españolas, se ha comportado sin embargo con arreglo a los más tradicionales cánones partidistas. Salvo excepciones muy contadas, los senadores no votan de acuerdo con lo decidido por las cámaras autonómicas que los invistieron, sino con lo ordenado por sus respectivos partidos. El resultado, un auténtico fraude para el elector.
En realidad, cualquiera de las funciones mínimamente útiles que, siendo generosos, actualmente puedan estar desarrollando los senadores podrían concentrarse sin ningún inconveniente en el Congreso de los Diputados y sus comisiones.
La Cámara Alta, supuesto foro de sabios, es hoy por hoy un irrelevante apartadero para viejas glorias de la política y, en el peor de los casos, el mecanismo perfecto para eternizar sus prerrogativas y su aforamiento, otra de las reliquias de la transición, por cierto.
Nada justifica que una cámara sin trascendencia real en la elaboración de las leyes –al menos, con el sistema actual de ida y vuelta, que prima aquello que decide el Congreso- se lleve solo en costes directos más de 50 millones de euros anuales.
La sustracción del sistema de elección directa de los senadores -en el caso de todos aquellos designados por las cámaras autonómicas- es otro de los argumentos en favor de la disolución. Pasamos del sufragio directo al viejo sufragio censitario, nuestros representantes deciden por nosotros, lo que constituye una burla que evidencia la baja calidad democrática de alguna de nuestras instituciones.
En definitiva, el Senado debe ser simplemente eliminado, pues ni cumple la función teórica de cámara de representación territorial, ni tiene ningún otro objeto digno de conservación. Esperemos, pues, que en las buenas palabras de Sánchez haya algo más que una mera propuesta cosmética y que, por una vez, no primen las presiones de aquellos a los que, desde todas las bancadas, únicamente les preocupa perder su poltrona.
