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¿Responsabilidad patrimonial de los gobernantes?

Por Álvaro Delgado
lunes 31 de octubre de 2022, 06:00h

La elaboración por parte del Gobierno español, con la que está cayendo actualmente, de unos Presupuestos Generales para 2023 que -pese a la bajada del PIB- elevan el gasto público hasta límites insospechados y tunean las previsiones de ingresos del Estado, plantea el importante problema de la responsabilización patrimonial de los gobernantes por sus malos actos de gobierno.

Es de todos conocido que Sánchez pretende utilizar los últimos presupuestos de la legislatura para acometer políticas peronistas. Sin rubor ni cautela alguna por la recesión que se avecina sobre la economía española, aspira a regar con el dinero de nuestros impuestos sus previsibles caladeros de votos para el año electoral que se avecina. Y, por esa razón, no ha tenido ni el detalle de deflactar el efecto de la galopante inflación (cercana al 10%) en las tarifas del IRPF de este ejercicio 2022, que le ha proporcionado un dinerito extra de 33.000 millones de euros sobre la recaudación prevista. Necesita todos los recursos posibles para dopar descaradamente al electorado intentando mantener su sillón.

El resultado de dichos presupuestos, de cuyo rigor y eficacia desconfían públicamente el propio Banco de España, el FMI, la OCDE, la AlREF, FUNCAS, la CEOE, el IEE y grandes bancos como el BBVA o Caixabank, es que la deuda pública nacional va a elevarse hasta cerca de un 130% del PIB, cuando la media de la Unión Europea está en un 75,9%. Eso significa que el terrible agujero económico dejado por Sánchez lo van a pagar religiosamente unas cuantas generaciones de españoles. Entre ellos, sus hijos y los míos.

El financiero y filántropo norteamericano Warren Buffet, considerado uno de los inversores más cualificados del mundo, acuñó una certera frase que -referida evidentemente a su país- decía así: “Yo podría terminar con el déficit público en tan sólo 5 minutos. Sólo hay que aprobar una Ley que diga que, cada vez que exista un déficit mayor al 3% sobre el PIB, todos los miembros del Congreso serán inelegibles para la reelección”. Ahí ponía el reconocido genio de las finanzas un visible dedo en la llaga de la situación política actual: la absoluta falta de responsabilidad de la mayoría de los gobernantes por sus conscientes decisiones lesivas para el bolsillo de sus ciudadanos.

Cuando todos estamos sufriendo una época de estrictos controles personales (recuerden los estados de alarma) y creciente responsabilización económica de nuestro comportamiento ciudadano (prueben a impagar una multa de tráfico o a retrasarse unos días en una liquidación tributaria) el régimen de responsabilidad de los gobernantes no ha sufrido -en décadas- una correlativa evolución. Disparar con la pólvora del rey y cometer tropelías económicas sale hoy totalmente gratis a cualquiera de nuestros políticos, siempre que actúe blindado por la suficiente mayoría parlamentaria. Y lo mismo podemos decir de otras diferentes Administraciones públicas como las Comunidades Autónomas, las Diputaciones Provinciales, los Consells Insulares, los Cabildos o los Ayuntamientos. Juntar una mayoría suficiente de diputados, senadores o concejales -prometiéndoles el oro y el moro- protege y justifica cualquier derroche.

Esa posición de privilegio -de naturaleza casi medieval- debería carecer de sentido en pleno siglo XXI. No tiene razón de ser que se haya condenado a algún político a una pena efectiva de prisión por la adjudicación fraudulenta de un contrato de 12.000 euros, mientras que a un sinvergüenza que derrocha 189.000 millones -tratando de mantenerse en el poder- no se le pueda responsabilizar de nada. Esa inconcebible situación de impunidad hoy no puede entenderla nadie.

Una adecuada solución sería aplicar a todos los cargos políticos -y a los funcionarios que dolosamente les respalden- un estricto régimen de responsabilidad similar al que se vive en las empresas privadas. Que no andaría nada lejos de lo propuesto por el genio de Warren Buffet. Declaraciones estrictas de inelegibilidad, inhabilitaciones temporales o definitivas para ejercer cargos públicos y, en los casos más graves, mandamientos de embargo y ejecución de sus propios bienes personales son sanciones ejemplares que deberían aplicarse cuando se demuestre una negligente y lesiva gestión del erario o los intereses públicos.

Todos ellos deben sentir el frío aliento de su responsabilidad de la misma agobiante forma en que lo sentimos los ciudadanos de la calle.

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