Por si no fueran pocas las limitaciones que ejercen las consejerías de Hacienda y de Función Pública sobre la Consejería de Salud en las medidas financieras y de recursos humanos, los socios de gobierno la han intervenido con sus políticas más radicales. De hecho, el sindicato profesional de enfermería (SATSE) ha anunciado una demanda multitudinaria por el recorte en la carrera profesional. El encorsetamiento en la política de recursos humanos dificulta el buen gobierno de los centros sanitarios.
Solo faltaba que los socios minoritarios impusieran una política lingüística agresiva que discrimina a los profesionales en el acceso a la función pública. La imposición del catalán para acceder a la esperada oferta pública de empleo ha quebrado la paz social y ha roto la comunicación con los representantes sociales. No hay duda de que existen fórmulas más racionales y progresivas que el diálogo y la sensatez ayudan a encontrar.
Es difícil gobernar para dar un servicio asistencial de calidad. Imposible con injerencias partidistas de este calado. Lo trágico de la situación actual radica en el fuego amigo. Los propios socios de gobierno imponen sus obsesiones. Socios, por lo demás, inflexibles, desconocedores del sector, cargados de radicalismo e inoperancia, que entorpecen la acción de gobierno.
No solo imponen el catalán, sino que desembarcan con la inoperancia que les caracteriza. El área que gestionan en el seno de la consejería, la salud pública ha sufrido retrasos inexplicables en la gestión de los expedientes administrativos en la compra de vacunas. Han ralentizado las campañas de vacunación infantil y han desdibujado el calendario vacunal obligatorio. En este mismo sentido, media legislatura no ha sido suficiente para presentar el esqueleto del Plan de Salud en el que comprometieron la palabra de la propia presidenta. Dos años no han sido suficientes para presentar los objetivos de salud del ejecutivo. El Plan de Salud es necesario para orientar la política sanitaria y un requisito formal recogido en la propia ley que ordena el sector.
Poco se puede esperar de una coalición ecosoberanista que estrena consejería de transparencia y sus miembros, en pelotón, liderados por la propia consejera, acaban imputados por prácticas oscurantistas. Al parecer, entregados al fraccionamiento de contratos, tendentes, aparentemente, a favorecer a su jefe de campaña.
La oposición es básica para que exista un buen gobierno, pero en este caso son piedras en el propio zapato, zancadillas a los socios de gobierno.
Dejen gobernar a su consejera y permítanle imprimir su talante, sus conocimientos, sus modos y su compromiso; sin empujones, sin injerencias desestabilizadoras. Nos conviene a todos. En especial a los ciudadanos. Pero tampoco le iría nada mal a su propia credibilidad. Si no lo quieren hacer por el bien de la sanidad, háganlo por egoísmo. No sería una mala acción.
