El líder del Ejecutivo se ha acogido este martes a su derecho a no declarar ante el juez Juan Carlos Peinado contra su esposa, Begoña Gómez, investigada por presunto tráfico de influencias. El líder del PSOE se acoge así al artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que respalda que como cónyuge –de Begoña Gómez– está "dispensado de la obligación de declarar".
La abogada de Vox, Marta Castro, presente en el interrogatorio en representación de las acusaciones populares, ha aclarado que el jefe del ejecutivo se puede acoger al derecho a no declarar en lo referente a Begoña Gómez, pero "en ningún caso en relación con los otros dos acusados, el rector de la Complutense, Joaquín Goyache, y el empresario Juan Carlos Barrabés".
En este sentido, ha referido: "Ya veremos las consecuencias que puede tener esto. Un testigo, que está obligado a declarar y a decir la verdad, se ha negado a realizarlo sobre hechos de los que tiene conocimiento. Nosotros vamos a analizar el resto de pruebas que hay".
Ha sido la primera vez en la que un juez se ha desplazado al palacio de La Moncloa para tomar declaración como testigo a un presidente español en ejercicio. La testifical se ha celebrado de manera presencial pese al intento de Sánchez que, en una carta dirigida al propio juez Juan Carlos Peinado, solicitó que la misma tuviera lugar por escrito dado su cargo. De hecho, el juez Carlos del Valle –en sustitución de Juan Carlos Peinado– resolvió la semana pasada manteniendo esa presencialidad del interrogatorio.
Al interrogatorio, según acordó el magistrado, han acudido las defensas de los tres investigados –Gómez, el empresario Juan Carlos Barrabés y el rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache–, el fiscal José Manuel San Baldomero, y la abogada de Vox, Marta Castro, en representación de las acusaciones populares.
En esa carta, el presidente del Gobierno indicaba al juez que tiene voluntad de "colaborar" con la Justicia, pero defendía que su declaración como testigo debía ser por escrito dado que su comparecencia "resulta inescindible" de su cargo. "Es mi deber preservar el sentido propio de la institución", añadía.
Sánchez incidía en que la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) diferencia entre la declaración de un presidente por hechos de los que tenga conocimiento por "razón de su cargo" o por hechos ajenos a su ejercicio como presidente. En el primer caso, la norma da la posibilidad de declarar por escrito; en el segundo, no.
En este sentido, insistía en que para "garantizar el estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico" y dadas las cuestiones que se investigan en la causa que dirige el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid la declaración "debe producirse conforme a lo establecido en el artículo 412.2 de la LECrim".
Si (
No(