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La construcción clama contra el decreto sobre territorio: 'Es la puntilla para la economía de Baleares'
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La construcción clama contra el decreto sobre territorio: "Es la puntilla para la economía de Baleares"

lunes 25 de mayo de 2020, 18:08h

La Comisión de Construcción de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears (CAEB), que aglutina a más de una docena de organizaciones empresariales y empresas del sector en las islas, ha manifestado su “frontal oposición” al nuevo Decreto-Ley sobre protección del territorio aprobado este lunes por el Govern. En su opinión, esta normativa “es la puntilla para la economía de miles de trabajadores y familias de Baleares”. El sector de la construcción señala que, con su aprobación, el Ejecutivo autonómico "antepone los intereses partidistas a la emergencia de vivienda asequible y a la emergencia de reactivación económica que el propio Govern había fijado como prioridades en sus Decreto-Ley 3/2020 y 8/2020 aprobados hace muy pocos días”.

Los empresarios de construcción vinculados a CAEB afirman que la reglamentación que ha sacado adelante el Consell de Govern "no ayuda en ninguna de estas emergencias, sino que viene a imponer la ideología más radical de unos pocos por encima del interés general y de las necesidades reales de la mayoría de sus ciudadanos”. Para las organizaciones patronales, esta normativa nace sin consenso y a espaldas del sector, ya que "hace apenas dos semanas el Govern convocó la Mesa de Vivienda y ocultó sus intenciones al respecto”.

Además, esta actuación ha generado decepción entre los empresarios, porque esperaban que el Ejecutivo presidido por Francina Armengol "hoy más que nunca, dirigiera los recursos públicos a proteger la salud y la economía de la gente, en peligro por los efectos del Covid-19. Sin embargo, parece que nos gobierna una pequeña elite de políticos y funcionarios públicos que viven en otra realidad".

Para los representantes de CAEB, la pandemia "no afectará" a los ingresos de esta "élite", ni tampoco verán mermado su "bienestar personal inmediato". Es por esta razón que, para el sector, estos políticos y funcionarios "se pueden permitir el lujo de prohibir y restringir la actividad económica de los demás ciudadanos". Las organizaciones han recordado que la actividad de la construcción proporciona trabajo a más de 100.000 familias en Baleares”.

El objetivo de este Decreto-Ley y la justificación de su urgencia, según consta en su exposición de motivos, es contener el crecimiento expansivo de la nueva urbanización y reforzar la protección del suelo rústico, en el contexto de una crisis sanitaria sin precedentes. Sin embargo, para los empresarios, “resulta imposible establecer la relación de la urgencia sanitaria con los objetivos del Decreto, a menos que la realidad en la que viven sus impulsores sea diferente de la de los ciudadanos a los que gobiernan”.

La Comisión de Construcción de CAEB considera "legítimo que los políticos intenten aplicar sus ideas a la acción de gobierno por vía parlamentaria, pero es una grave irresponsabilidad abusar de la vía de urgencia del Decreto-Ley para intereses partidistas", ya que, según su perspectiva, en las circunstancias actuales debería ser "una herramienta para movilizar los recursos públicos destinados a resolver la crisis sanitaria y sus consecuencias económicas". La decisión del Govern llega, además, en un momento en que, como recuerda la comisión, las empresas de la construcción "habían asumido la responsabilidad de absorber parte de los trabajadores de otros sectores en situación de desempleo”.

SIN POSIBILIDADES DE CONSTRUIR VIVIENDA A PRECIO ASEQUIBLE

Igualmente, el colectivo ha indicado que resulta "difícil comprender la obsesión de este Govern con el crecimiento urbanístico legalmente previsto en las islas. Los partidos políticos que lo forman están en el gobierno de las islas desde el año 2015, sin contar otros periodos anteriores, y en todo este tiempo no se ha producido ese temido crecimiento, y muestra de ello es la falta de vivienda asequible que motivó la aprobación del Decreto 3/2020 hace escasos meses".

Precisamente, en cuestiones de vivienda, la comisión de CAEB entiende que el Decreto 9/2020 "contradice los objetivos propuestos por el mismo Govern en su anterior Decreto 3/2020. Desclasificar suelo urbanizable supone cercenar la posibilidad de crear vivienda a precio asequible y encarece todavía más el suelo urbano restante y, por tanto, el precio de la vivienda que se construya en el futuro, hipotecando el futuro de nuestros jóvenes y de la clase media local".

A cambio, según estas organizaciones vinculadas a la construcción, el Govern de Armengol "quiere enfocar la actividad urbanística y territorial hacia la conservación, recuperación y rehabilitación del patrimonio urbano". Para el sector, este comportamiento hace que los gobernantes de Baleares "muestren su inexperiencia y falta de conocimiento a la hora de abordar los problemas de vivienda en las islas. La rehabilitación es un objetivo loable a medio y largo plazo, pero hoy en día es mucho más costoso que la obra nueva, y la hace incompatible con la vivienda de precio asequible".

Con este Decreto-Ley, tal como expone la Comisión de Construcción de CAEB, "la responsabilidad de solucionar la emergencia de vivienda asequible pasa a recaer en exclusiva en el propio Govern y sus VPO, con la paradoja de contar con un presupuesto menguado por las necesidades sanitarias y económicas". Por esta razón, los representantes de la patronal piensan que el Ejecutivo autónomico se ha "alejado de la realidad de sus ciudadanos y de su propia situación económica”.

POLÍTICA IMPROVISADA Y PARTIDISTA

Paralelamente, la comisión ha recordado que en Baleares existe un ordenamiento urbanístico en todos los municipios, creado bajo un régimen democrático y, por tanto, con la misma legitimidad y legalidad que la normativa aprobada este lunes. Por esta razón, el sector ligado a la organización patronal CAEB cuestiona "esta forma de hacer política, improvisada y partidista, que supone un atropello no exento de posibles indemnizaciones que tendremos que pagar todos los ciudadanos de Baleares".

Aún así, esta actuación de la Administración autónomica conllevará, según el colectivo empresarial, consecuencias aún peores, ya que "la inversión privada no será la gran perjudicada, porque buscará destinos más seguros y fiables desde el punto de vista jurídico. Como siempre, los peores parados de este Decreto-Ley serán los más débiles: las empresas locales y sus trabajadores, que verán reducida su actividad y menguada su estabilidad económica y social".

Entrando de lleno en el contenido del decreto, el sector remarca que "pasar de viviendas unifamiliares con un máximo de 500 metros cuadrados a 300 no parece que suponga una gran atenuante en cuanto al impacto ambiental que se persigue evitar, pero, en cambio, sí que agrava la precaria actividad económica, reduciéndola en un 40 por ciento para los maestros de obra y sus trabajadores, sin mencionar a empresas auxiliares del sector, como instaladores, carpinteros o pintores, que también verán recortada su labor".

UNA NORMATIVA APROBADA SIN DIÁLOGO NI CONSENSO

Además, cabe resaltar el "carácter discriminatorio" que, según los empresarios, adquiere la normativa, en tanto que, a su juicio, dispensa "un trato más restrictivo al suelo rústico en Mallorca, afectando en especial a las empresas y trabajadores radicados en la part forana". Parafraseando el slogan ecologista que asegura que 'quien quiere Mallorca, no la destruye', el colectivo recomienda que "también convendría que quisiera el bienestar de los mallorquines que habitan la isla".

En definitiva, el sector valora que Baleares acoge ahora un Decreto-Ley "aprobado sin diálogo ni consenso, y con improvisación, que no sólo no responde a las necesidades acuciantes de los ciudadanos a raíz del Covid-19, sino que, por el contrario, perjudica gravemente la actividad del sector de construcción, que es el motor de la economía de las islas en estos momentos”.

Por todos estos motivos, la comisión vaticina que las consecuencias de esta norma, en un futuro muy próximo, "pueden resultar letales, no sólo para la continuidad de las empresas y para el empleo, sino para nuestro estado del bienestar, que está en peligro real de colapso".

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