El Govern de les Illes Balears se muestra dispuesto a copiar alguna de las medidas contra el alquiler de pisos turísticos que el Ayuntamiento de Barcelona ha tenido que poner en marcha, ante los enormes problemas sociales y de convivencia que estos inmuebles fuera de ordenación y que no pagan impuestos generan a sus convecinos y al conjunto de la ciudad. En efecto, no todo vale, tampoco en el ámbito del turismo. No se puede alquilar un piso urbano para uso turístico sin reunir una serie de características y servicios que la Ley establece, además de registrarse convenientemente en el registro pertinente. Y es que hay gente que se cree que puede hacer de su capa un sayo y por el mero hecho de tener un piso vacío, alquilarlo a través de las múltiples plataformas que existen en Internet para sacar así mucha mayor rentabilidad, sin importarle las consecuencias de tal comportamiento en materia de convivencia y orden público, además de los efectos sobre el mercado de la vivienda de alquiler residencia.
Hay gente que se cree que por tener un piso vacío puede alquilarlo a través de las múltiples plataformas que existen en Internet para sacar así mucha mayor rentabilidad
El Ayuntamiento de la Ciudad Condal ha puesto en marcha un plan de choque que está permitiendo aflorar multitud de pisos ilegales en Ciutat Vella. En lo que va de mes de agosto se han localizado 256 pisos que el consistorio ordenará cesar en su actividad y que de no hacerlo se enfrentarán a sanciones desde 30.000 euros en adelante. También impondrá sanciones a las plataformas de comercialización que ofrezcan pisos sin licencia.
También en toda Balears proliferan los pisos turísticos ilegales y que son el principal foco de saturación, pues las plazas hoteleras no han sufrido apenas variación y sin embargo esos pisos no paran de crecer, causando graves problemas de acceso al mercado de vivienda de alquiler en muchos lugares, siendo el caso de Eivissa el más dramático.
Se hace imprescindible que la Administración actúe con contundencia ante una actividad ilegal que promueve un turismo low cost y que genera graves perjuicios. Además de una regulación más adecuada que clarifique las cosas, es necesario aumentar la dotación de inspectores que luchen contra la principal causa de saturación que ahora presentan nuestras ciudades. No puede permitirse que cada persona que tiene un piso o una habitación la destine a alojamiento de turistas.
