El anuncio es reciente, mas la historia es antigua. Todavía queda disco duro suficiente para rememorar al comandante presidente Hugo Chávez paseando su figura, nada estilizada por cierto, la soleada mañana del domingo 7 de febrero de 2010 por la plaza Bolívar de Caracas ordenando la expropiación de tres edificios de la plaza en menos de cinco minutos. De aquellos “exprópiese” nada más se supo. Aunque lo cierto es que Venezuela cada día sufre mayor agitación social y la carestía de vida está por las nubes, sin es que se halla algo con que llenar la cesta, naturalmente. Pues bien, la semana pasada el Govern nos anunció un remake de ese bolivariano “exprópiese” mediante un proyecto de ley, que permitirá “apropiarse” de un derecho patrimonial que constituye el derecho real por antonomasia. Podríase aportar argumentos de carácter normativo, tanto a nivel constitucional como de derecho civil. De un lado, el artículo 33 CE expresa que "se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las Leyes. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las Leyes". Y de otro, el Código Civil contempla en su artículo 348 que "la propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa, sin más limitaciones que las establecidas en las leyes”. Es decir, que se instituye que la propiedad es libre mientras no se demuestre lo contrario.
Y si Chávez ordenaba la expropiación por motivación subjetiva, es decir, por razón de quién era el propietario de los edificios en cuestión, el Govern nos anuncia que actuará en forma y fondo similar; motivaciones políticas. No hay anuncio de tramitación alguna en el ámbito judicial, ni en el sector de la política social. Sino que, la causa de la “apropiación” se halla en la no ocupación o el no uso durante un período determinado de tiempo, sin más. La “incautación” del derecho dominical anunciada por tiempo y modo determinados, aparte de no respetar ese derecho, establece una carga en contra del propietario del derecho; demostrar que ese “interés social” no es superior al derecho de propiedad. Nos hallamos, una vez más, ante el imperio no de la fuerza de la ley, sino de la ley de la fuerza. Es una constante de la izquierda enmascarar el servicio, la política social, como motivo de conducta, cuando realmente no es sino un pantallazo de rencor y resentimiento. Ya ha quedado muy atrás aquél “prohibido prohibir” como grito de las izquierdas. Ahora lo que prima es el castigo al emprendimiento, a la competencia, al mérito, a lo privado Si por un lado se anuncia el castigo al propietario de viviendas no ocupadas, igual sucede con el turista, gallina de nuestros huevos de oro, con el objetivo de desincentivar su presencia entre nosotros. El inmueble gravado cuando la adquisición, gravado cuando la tenencia, gravado por el uso, gravado por bien patrimonial, gravado cuando la transmisión a tercero adquirente o heredero, ahora también sufrirá de un impuesto superior a todos, la “detentación” gubernamental de la posesión para hacer, se supone, entrega de ella a un tercero, desconocido, para su ese “goce y disfrute” por tiempo determinado. Y el pago de esa “expropiación temporal” no es un justiprecio, sino simplemente el pago de un “alquiler” sujeto a un interés social preestablecido de antemano por el gobernante de turno. Decisión contra la cual poco o casi nada podrá oponer el propietario que, pasmado, deberá soportar que un bien adquirido con su esfuerzo, trabajo, ahorro, devenga en manos de unos gobernantes que difícilmente se van a preocupar ni de su estado ni de su mantenimiento. Véase las viviendas “sociales” en tantas zonas de la ciudad, algunas de ellas propiedad gubernamental, por cierto.
Y como colofón de todo lo anterior, aún cabe añadir que tal medida no surge solamente del rencor y el resentimiento contra lo privado, sea lo que sea, sino también del servilismo de un socialismo que ha perdido, desde hace mucho tiempo, la esencia de sus valores como partido socialista. Su ansia de poder es tal que no tiene inconveniente alguno en abandonar sus raíces para dejarse abrazar por un grupo de supuestos aspirantes a gobernar el país y estas islas, mediante “el gran salto hacia adelante” al más puro estilo Mao o Stalin, aunque ese salto nos conduzca al abismo. Si a Lenin le molestaba el “ser humano” al socio de nuestro socialismo, ya nacionalista y sectario, al podemita le fastidia la creación de riqueza, mientras no esté en sus manos, naturalmente. Y como el socialista solamente anhela que no gobierne su enemigo, el PP, si Podemos solicita que la propiedad privada se convierta en objetivo político, no hay inconveniente alguno. Al fin y a la postre, es más fácil, menos agotador “apropiarse” de lo ajeno que crear suelo urbanizable, facilitar la construcción, levantar viviendas sociales para alquiler o venta. Sin embargo, en este caso estaríamos hablando de trabajo y el socialismo, desde hace muchos años, ha dejado de ser obrero y anda en la senda de dejar de ser español. Y en esta “aventura” está echando el resto hasta el próximo 21. Cómo se echan de menos aquellos Solchaga, Maravall, González…, incluso Guerra; eso sí eran socialistas intrépidos, no aventureros temerarios ahítos de poder.
