El juez Antoni Rotger será el encargado de instruir el ‘caso Picnic’, que investiga la contratación de una veintena de informadores medioambientales a través del Imfof cuya única función era, en realidad, captar afiliados para UM. Así lo ha decidido el juez decano de Palma, Francisco Martínez Espinosa, después del conflicto de competencias surgido al negarse los tres jueces que han intervenido en el caso a instruirlo. La norma de reparto aplicable en este caso sería, según la resolución del juez decano, el hecho de que fue este juzgado, en funciones de guardia, quien autorizó y llevó a cabo las entradas y registros correspondientes a las citadas diligencias. Por otro lado, el Martínez Espinosa entiende que se trata de una nueva línea de investigación y que, por tanto, no tiene antecedentes en otros juzgados de Palma. En concreto, se había planteado si existían antecedentes de la causa en los Juzgados de Instrucción número 2 (Maquillaje) o en el número 10 (Voltor). Otro de los jueces que también ha tenido parte activa en el 'caso Picnic' ha sido José Francisco Pérez, de Instrucción 12, quien tomó declaración a algunos de los imputados en esta causa, entre ellos, a Cristina Cerdó y Paula Cortés, en una jornada maratoniana que acabó con el fiscal solicitando una fianza para UM de 1,6 millones de euros por responsabilidad civil. Una caución sobre la que el juez, en este caso Antoni Rotger, aún no se ha pronunciado a la espera de que el partido nacionalista presente un escrito donde esgrima los argumentos por los que se opone a esta fianza, y designe a un abogado y un procurador que les represente.
