Los ayuntamientos siguen a la espera de que se aclare el destino de los millones acumulados en sus arcas por los superávits de varios años que Hacienda no les ha dejado gastar -para cumplir la regla de gasto- y que, ahora, el Ministerio quiere disponer como "cesión voluntaria" y a modo de "préstamo" a bajo interés que el Estado devolvería en varios años.
La fórmula ha desatado la indignación en los consistorios, obligados a cumplir religiosamente con la regla de estabilidad presupuestaria desde 2012, y con millones ahorrados en sus cuentas que Hacienda no les deja emplear. La cifra total supera los 14.000 millones. Sólo en Baleares, los municipios acumulan más de 550 millones de euros fruto del ahorro llevado a cabo durante los últimos años sin que haya podido destinarse a cubrir servicios o a realizar inversiones que en muchos casos serían de la máxima urgencia.
Ahora, el ministerio que dirige María Jesús Montero, con una voracidad que parece desmesurada, quiere disponer de todos los remanentes inmovilizados para sus propios fines. La negociación se halla sobre la mesa de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP). A cambio, la Administración central transferiría cinco mil millones de euros para hacer frente a determinados gastos durante los ejercicios 2020 y 2021. El resto de la partida, que asciende a nueve mil millones de euros, sería transferida en el transcurso de las próximas diez anualidades.
En la mayoría de los casos, los ayuntamientos han demostrado durante este tiempo que han sabido ajustarse a una contención que la propia Administración central ha flexibilizado para sí misma. Como recompensa a su gestión, se encuentran ahora con que no sólo no pueden disponer de su dinero sino que han de cederlo a Hacienda. Suena a chiste, especialmente en aquellos municipios que acumulan grandes superávits como son en Baleares los de Alcúdia (casi 90 millones), Sant Josep (50 millones), Manacor (44 millones) o Palma (32 millones), por poner algunos ejemplos próximos.
Esta próxima semana se presenta clave en la resolución del problema planteado por Hacienda. Ya no se trata sólo de respetar el principio de autonomía que la Constitución y las leyes otorgan a los entes locales para la gestión de sus recursos. Se trata de que los ayuntamientos puedan invertir su dinero en los propios municipios a fin de crear empleo y generar actividad económica, impulsando aquellos servicios e infraestructuras que consideren necesarios, especialmente cuando la crisis actual requeriría de planes municipales de reactivación.
Frente a esto, frente al cumplimiento de las normas y tras asumir competencias que no les corresponden, la respuesta no puede ser el amago de incautación que plantea Hacienda.
