Los sistemas nacionales de salud de toda la UE han introducido medidas de aseguramiento para identificar a los usuarios con derecho a asistencia. Todos ellos han ampliado la coparticipación en el pago de los servicios sanitarios. Los ejes centrales de las reformas han sido la sostenibilidad y el esfuerzo para facilitar la libre circulación. Sin embargo, lo han hecho al albur de los estados miembros, con una amplia disparidad de criterios.
La peor asistencia y la más inequitativa, en contra de lo que aparentemente pueda parecer, no se relaciona con el nivel de restricción de los criterios de acceso. Tampoco con la introducción del polémico copago asistencial en urgencias y en las consultas. El deterioro asistencial se ha cebado con los que han visto caer su productividad, su competitividad y su actividad económica. La asistencia ha menguado en relación directa al nivel de empobrecimiento de los estados.
En nuestro país, las políticas de aseguramiento se han implantado con un grupo de medidas para la sostenibilidad del sistema sanitario. Con el RD 16/2012, conocido popularmente como el de los recortes. La verdad es que se ha contenido la progresión del crecimiento del gasto, desbocado desde las transferencias sanitarias. Ha permitido controlar y reducir la factura farmacéutica. Los desempleados sin acceso a la prestación económica por paro acceden desde entonces a los medicamentos gratuitamente. Ha enfriado el claro efecto llamada que se había generado en nuestros servicios sanitarios.
No, ni mucho menos. No han sido solo ventajas. Era la respuesta a una crisis económica en la que se han reducido las inversiones y se han incrementado notablemente las esperas. Se ha generado un intenso nivel de contestación cargado de lógica humanista. La debilidad de algunos gobiernos autónomos para regular con equidad los sistemas de acceso a los inmigrantes no regularizados ha generado descontento y movilización. La problemática se ha instalado en la agenda política, ha entrado en todas las campañas y ha derivado en un alto coste social y electoral.
Los problemas tienen que ver, más que con el propio espíritu de la norma, con inequidad en su aplicación. Por tanto, bienvenido sea el anuncio de lo que llaman “devolver las 20.000 tarjetas sanitarias”. Era un clamor la necesidad de normalizar la implantación de la norma estatal, clarificar los conflictos de acceso y garantizar la continuidad asistencial de las personas que no tienen la condición de aseguradas ni de beneficiarias del SNS. Otras comunidades, de todos los colores políticos, hace tiempo que lo han hecho. Es una medida tan sencilla como necesaria.
Pero no olvidemos que el verdadero problema de nuestro sistema sanitario, radica, por encima de cualquier otro en la desprofesionalización. La mínima capacitación de algunos de nuestros cargos, catapultados desde un vergonzante amiguismo, ha sido letal para dar respuesta a las necesidades del sistema sanitario del siglo XXI. Se han objetivado aumentos en las listas de espera para la consulta del especialista y del tiempo de espera para una intervención quirúrgica. Con ellos, la valoración de los ciudadanos del sistema sanitario ha mostrado una tendencia a la baja.
Mientras tanto, algunos siguen montados en la autocomplacencia, en un orquestado y planificado autobombo e impidiendo un sosegado análisis de situación. Es más fácil el recurso del conejo en la chistera que la dirección por objetivos y la evaluación de resultados.
Ninguna de estas disfunciones se explica ni tendría que haberse producido por la sola inclusión de medidas de aseguramiento. Ha sido muy llamativo el deterioro de la gobernanza de algunos centros sanitarios y clamorosa la ausencia de medidas de mejora de la eficiencia. Queda pendiente reorientar de forma general, la atención a la cronicidad, la introducción racional de las tecnologías y la apuesta por la innovación.
La demagogia, el populismo y el “ombliguismo”, sin otros aderezos son instrumentos que solo llevan al deterioro. En esta ocasión, además de los gestos, esperamos el equilibrio, la competencia y la razón. Las experiencias previas deben servir, cuando menos, para no caer en los mismos errores, con urgencias organizativas que llevan tres lustros de retraso.
