El Ministerio de Fomento ha incluido en el proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 una reducción de las tasas aeroportuarias de un 1,9%. Desde luego esta reducción es positiva e incide directamente en un aumento de la competitividad de los aeropuertos de la red de AENA, incluidos los de Balears. Sin embargo, esta reducción ni estaba contemplada en el primer borrador que fue entregado por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, al presidente del Congreso de los Diputados, Jesús Posada, el pasado 4 de agosto, ni ha sido hecha por gusto. El Gobierno de Mariano Rajoy se ha visto obligado a incluir esta rebaja de tasas por un dictamen de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, el organismo regulador.
Tiene razón el Govern de les Illes Balears cuando pide participar en la gestión de los aeropuertos de Balears. No tiene sentido que la comunidad autónoma carezca, no solo de toda capacidad de gestión, sino incluso de voz en el ente gestor de los aeropuertos de interés nacional, AENA. El transporte aéreo es un asunto capital para la principal industria del archipiélago, la industria turística, donde la participación del Govern debería estar garantizada.
