La Unión Progresista de Fiscales ha celebrado su XXX Congreso en Palma, con el título “Transparencia y corrupción”. Este encuentro ha permitido que los miembros de la Fiscalía –un centenar de asistentes– pongan en común durante dos días sus conocimientos y compartan sus experiencias profesionales y jurídicas, lo cual es de enorme utilidad para hacer frente a fenómenos delincuenciales complejos como la corrupción política o la urbanística. Prueba de la relevancia de este evento es la cantidad de miembros del Ministerio Público que han asistido y también magistrados y fiscales de otros países como Italia y Francia, sin dejar de lado a la propia Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal, y al ministro de Justicia, Rafael Catalá.
El fiscal Juan Carrau, delegado en Balears de la Fiscalía especial contra la corrupción y la criminalidad organizada desde 2004, expuso ante sus colegas en un tono reivindicativo la necesidad de afrontar cambios legales como la regulación del “agente encubierto”, de lograr una mayor especialización de fiscales, policía judicial e inspectores de Hacienda y en general una mejora de los medios existentes para combatir la corrupción, equiparándola a una guerra contra el crimen organizado.
Ante los numerosos casos de corrupción que han visto la luz en los últimos años, la Justicia a través de jueces y fiscales, junto a los instrumentos e instituciones que el Estado de Derecho pone a su alcance, se determinaron tenazmente en dar una respuesta legal que pusiera fin a comportamientos delictivos y apartados de la ética pública. Mientras la corrupción escalaba puestos en el escalafón de preocupaciones de la ciudadanía sondeadas por el CIS, jueces y fiscales trabajaban casi en solitario para atajarla. Con pocos medios y con muchos obstáculos, hay que reconocerlo. Esa determinación es la que ha obligado a la clase política a tomar medidas concretas y a proponer cambios legales para mejorar la transparencia y dificultar así el oscurantismo y la arbitrariedad en la toma de decisiones, elementos que han abonado durante años el terreno a los corruptos.
