Con bastante frecuencia diversos grupos ecologistas se manifiestan pidiendo que se proteja el territorio, limitando el crecimiento urbanístico. En realidad es una postura que comparte la mayor parte de la ciudadanía. Los políticos, normalmente, reaccionan ante estas protestas cogiendo un mapa y un lápiz y poniéndose a desclasificar lo que ya habían autorizado para, a continuación, anunciar urbi et orbi que ellos sí son sensibles. Poco después, cuando las cámaras no les enfocan, vuelven a aprobar nuevas urbanizaciones de forma que aquí el proceso continúa imparable. Por ejemplo, Calvià, Andratx, Ses Salines, Sóller, Ciutadella o Sant Llorenç siguen siendo fantásticos clientes de las cementeras, pese a que ya llevamos décadas haciendo llamamientos a la responsabilidad. Y el ciclo se repite incesantemente: aprueban a oscuras y desclasifican a la luz del día. Pero ahora empiezan a llegar las facturas. Por ejemplo, el diario Menorca cuenta hoy que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha condenado al Consell de Menorca (que está, como todas las instituciones, en la ruina) a pagar 35 millones de euros a la promotora Cesgarden, porque en 1999, cuando quiso construir el hotel de cinco estrellas en Son Bou, para el que tenía todos los permisos, el nuevo Plan Territorial dio al traste con todo el proyecto. La indemnización se compone de 16 millones de euros por no permitirle la construcción de 128 plazas hoteleras, 11 millones por el solar (la promotora lo había comprado y pagado a precio de suelo hotelero), 8,4 millones por los terrenos que tuvo que ceder al ayuntamiento y algo más por costes diversos. ¿Quién asume estos costes? Es posible que colectivamente aceptemos alguna indemnización de este tipo en algún caso en el que el impacto ambiental hubiera sido insoportable, pero en general, aquí se ha desclasificado con el criterio de “yo me llevo los titulares y el que venga ya pagará”. Aquí nadie evalúa los costes, ni las alternativas. Pero esto no impide que la Justicia avance y que los promotores tengan amparo judicial. Y, por lo tanto, ahora nos llega el momento de la factura que sí nos queda en la mesa de nuestras instituciones, las cuales no están precisamente para estos esfuerzos.
