El Govern, en las personas de su presidenta Francina Armengol, el conseller de Educación Martí March y la directora general de Formación Profesional, Maria F. Alorda, presentaron el jueves el borrador de decreto de lenguas, que permitirá a los centros educativos –o mejor dicho, a los claustros de profesores– públicos y a los concertados definir su propio modelo libremente, según sus propios recursos y atendiendo a su realidad lingüística y pedagógica. A priori el escrupuloso respeto a la autonomía de centros, que consagra la normativa educativa tanto Estatal como autonómica, es algo muy positivo. Nadie mejor que los propios profesionales para saber lo que se puede o no se puede hacer.
Sin embargo ya se han oído las primeras voces críticas con el borrador de decreto que se pretende esté en vigor para el curso 2016/2017. Partido Popular y Ciudadanos se han mostrado disconformes, pero también los sindicatos CCOO o STEI han criticado el modelo presentado y también el modo en que ha sido dado a conocer, al margen de una negociación previa. Este es un aspecto que el Govern debiera haber cuidado más, pues aunque ahora se defienda que se trata de un borrador abierto a discusión y a aportaciones por parte de toda la comunidad educativa, desprende un cierto aire de falta de diálogo y consenso que incurre en errores cometidos por el Govern Bauzá, sin ninguna necesidad por otro lado.
Ahora corresponde analizar la propuesta y que cada cual trate de aportar lo que pueda para llegar al objetivo común, que es que los alumnos mejoren sus competencias lingüísticas de las dos lenguas oficiales y una tercera lengua extranjera. Pero quizás sería bueno que en lugar de dejarlo todo al voluntarismo de los docentes y a la autonomía de centros que nadie discute, que el Govern marcase un objetivo final, concreto y evaluable. Una meta a la que todos tienen que llegar, cada cual a su ritmo y con las ayudas que requiera en cada momento. Esta sería la forma más razonable de que todos los centros educativos acaben ofreciendo un modelo lingüístico similar unos de otros, porque de otra forma se incurrirá en divergencias enormes –y por tanto en desigualdades– con las que un sistema educativo público no puede cargar eternamente.
