Si hay delitos especialmente repugnantes son aquellos cuya víctima es un o una menor. Si se trata de un delito contra la libertad sexual, aún resulta más deleznable. Pero si además, quien lo comete es una persona que por su función o cargo está en una posición de superioridad o con la víctima a su cargo y se prevale de esa superior posición para cometer sus abusos, la gravedad desborda todo lo admisible.
El expárroco de Can Picafort, Pere Barceló, ha confesado ante el tribunal de la Audiencia Provincial que le iba a juzgar, que abusó sexualmente y de forma reiterada entre 1997 y 1998 de una monaguilla que entonces tenía 10 años de edad. Esta confesión y el hecho de que el Obispado de Mallorca haya indemnizado a la víctima, le ha supuesto una condena de tan solo 6 años frente a los 42 que inicialmente le pedía la Fiscalía y la acusación particular. Ya en abril del año 2013 el obispo Javier Salinas acordó expulsar al capellán del ministerio sacerdotal siguiendo la decisión del Tribunal Eclesiástico.
Estamos ante un caso extremo de alguien que desde un púlpito predicaba lecciones éticas y morales que infringía gravemente en la sacristía. Y es llamativo que unos hechos tan graves sean condenados con penas que pese a que no se pueden considerar laxas, sí contrastan con la severidad de otros delitos económicos que están en la mente de todos y que acaban suponiendo muchísimos más años de cárcel para sus autores.
