El vicepresidente del Govern y conseller de Innovación, Investigación y Turismo, Gabriel Barceló, está manteniendo una actividad frenética en los últimos días para presentar a los diversos colectivos e instituciones el borrador del Impuesto de Turismo Sostenible, la nueva Ecotasa que fue presentada por el propio Barceló junto a la presidenta Armengol en el Consolat de Mar el día 14 de este mes de octubre. El líder de Més per Mallorca, que ha estado ya en Formentera e Ibiza y que el jueves visitará Menorca, insiste siempre que tiene oportunidad en que hay una corriente favorable al citado impuesto, aunque parece que esta percepción es un tanto subjetiva y lo que sí se detecta con claridad y de forma contundente es la oposición que le han manifestado los encargados de cobrar el impuesto, los hoteleros.
Ha coincidido que el presidente de la Autoridad Portuaria de Balears (APB), Joan Gual de Torrella, manifestó ayer que el turismo de cruceros genera unos ingresos en Balears de alrededor de 289 millones de euros al año, entre ingresos directos, indirectos e inducidos, según un estudio de la patronal CAEB, la propia APB y la UIB. Se trata de una conclusión muy oportuna si se tiene en cuenta que el Parlament ha aprobado recientemente una proposición no de ley presentada por el PSIB, instando al Govern a evaluar el impacto (tanto positivo como negativo) que produce en la economía y la sociedad balear el turismo de cruceros.
Pues bien, el borrador del polémico impuesto turístico contempla que los pasajeros de los cruceros también se verán obligados a pagar aunque no pongan un pie en tierra, lo cual constituye un auténtico despropósito que sin duda puede tener consecuencias muy graves para un mercado en auge. Los armadores bien pueden optar por desviar un buen número de los buques que ahora recalan en puertos de Balears a otros destinos en el Mediterráneo que no sometan a sus clientes a una exacción injusta y abusiva. Merecería la pena que el Govern meditase sobre su propuesta estrella en el ámbito turístico que consiste en más impuestos que a lo sumo puede suponer una recaudación de 2,5 millones de euros al año, sin reparar en los 289 millones que genera el turismo de cruceros que quizás se estén poniendo en peligro.
