Este martes tuvo lugar el pleno constitutivo del Parlament de les Illes Balears, 23 días después de la celebración de las elecciones autonómicas del pasado 28 de mayo. Los representantes de los ciudadanos tomaron posesión de sus escaños y juraron o prometieron el cargo, conforme está previsto en la Ley.
Arranca así la XI Legislatura de la Comunidad Autónoma, precedida de un preacuerdo entre el Partido Popular y Vox para la composición de la Mesa del Parlament. Dicho preacuerdo, por el que Vox logra hacerse con la presidencia de la Cámara con los votos a favor de los ‘populares’, allana el camino de la presidenta del PP de Baleares, Marga Prohens, para lograr ser investida presidenta del Govern de les Illes Balears antes del 5 de julio, fecha tope prevista en el Estatut d’Autonomia para que se celebre con éxito la sesión de investidura.
Con su voto favorable, el PP ha permitido que el diputado de Vox, Gabriel Le Senne, gane la votación para ser nombrado presidente del Parlament. En circunstancias normales, ese es un cargo que se reserva al partido ganador de las elecciones. Sin embargo, en los últimos tiempos ha habido ocasiones donde la formación más votada ha cedido tan relevante cargo -el segundo en importancia institucional de la Comunidad Autónoma- a cambio de recibir el apoyo para ostentar la presidencia de otra institución. Desde este punto de vista, el nombramiento de Gabriel Le Senne es perfectamente legítimo, sobre todo cuando PP y Vox anuncian que siguen negociando de cara a la investidura como presidenta del Govern de la líder del PP, Marga Prohens.
En su breve discurso tras asumir el cargo, Le Senne se mostró conciliador y dispuesto a ser “un presidente al servicio de todos”. Aludió de forma impecable a la necesidad de “dignificar la actividad política”, favoreciendo el “debate de ideas” para el “bien común”. Pidió a los diputados y diputadas que la legislatura se caracterice “por la honestidad, el orden y el trabajo”, con “humildad, solidaridad y compañerismo”. Y en su faceta de jurista, ha instado a los representantes ciudadanos a perseguir la “seguridad jurídica, rigor intelectual, seriedad, estudio, respeto de los derechos y libertades de todos y cada uno de los ciudadanos, especialmente de los más desvalidos, el respeto y el refuerzo de las normas y formas democráticas, y la persecución del interés general y el bien común”.
Una intervención impecable desde el punto de vista democrático, que algunos -los mismos que en otros tiempos auparon a este cargo a personajes como Chelo Huertas o Balti Picornell- no quisieron oír, mostrándose inflexibles en su crítica al nuevo presidente del Parlament, hasta el punto de negarle siquiera una oportunidad para comprobar cómo desempeña su importante labor y si está a la altura del cargo. Incomprensible e injusto.
