La afirmación del Govern que en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 se hurta a los Baleares 30 millones de euros destinados a la sanidad es un fenomenal bulo.
Hace 4 años que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró la figura impositiva usualmente conocida como ”céntimo sanitario” contraria al derecho comunitario. Se sustituyó por el Tramo Autonómico del Impuesto sobre Hidrocarburos que ahora se intenta racionalizar. Se propone integrar el tipo impositivo autonómico en el tipo estatal especial, dentro del marco normativo comunitario, sin que dicha medida suponga un menoscabo de los recursos de las Comunidades Autónomas.
Presentarlo ante los ciudadanos como una rebaja de la financiación autonómica dedicada a la sanidad resulta verdaderamente alambicado. Una clara medida de desinformación deliberada.
Sin embargo, no extraña. A los partidos que dan soporte al Govern se les da mejor la oposición que el gobierno. En caso contrario, como se explicaría, que esta semana se haya conocido que la legislatura 2007-2011, la que se inició devolviendo 100 millones de euros a las arcas del estado por la incapacidad en invertirlos, se perdieran 135 por no justificar las inversiones en carreteras y acabara con casi 5.000 millones de deuda.
O como justificar que disponiendo de 1.350 millones más de presupuesto, las mujeres embarazadas de Menorca tengan que derivarse a Palma para realizar una ecografía por la obsolescencia de una tecnología valorada en 100.000.
El “fake new” es un elemento que se utiliza como guerrilla de comunicación para debilitar al poder y lo que han conseguido es minar su propia credibilidad. La falacia de su afirmación, descubierta a la primera de cambio, ha logrado reforzar el discurso contrario; la solidez de unos presupuestos eminentemente sociales que marcan la salida de la crisis, cumplen con los pensionistas, con la equiparación de los sueldos de los cuerpos de seguridad y bajan el IRPF de las rentas más bajas.
