El magistrado Diego Gómez-Reino, recientemente designado presidente de la Audiencia Provincial de Palma por el CGPJ, se une a los que opinan que un imputado no ha de ser apartado de una candidatura electoral. Recientemente el expresidente Felipe González durante una entrevista calificó de “error” excluir a todos los imputados de las listas. Gómez-Reino expresó una opinión personal, emitida en buena parte desde un punto de vista jurídico (como corresponde a un eminente jurista) puesto que está fuera de discusión que un imputado, si no hay ningún otro elemento procesal adicional, es alguien que goza absolutamente de todos los derechos constitucionales y especialmente el derecho a que se presuma su inocencia mientras que un tribunal no sentencie lo contrario. Desde esta perspectiva, sostuvo que socialmente la imputación es un estigma. Así, la opinión jurídica de un juez destacado como el nuevo presidente de la Audiencia es impecable.
Sin embargo, el aspecto político de este debate va por otro lado y es fácil que no coincida con la opinión jurídica de Gómez-Reino. Son muchos los partidos políticos que defienden abiertamente que un imputado debe ser apartado de las listas electorales, recogiendo así el sentir ciudadano de buena parte de la sociedad asqueada ante los casos de corrupción que copan las noticias.
En este caso, el Partido Popular de Balears que preside José Ramón Bauzá, ante una situación muy complicada (con muchos ex cargos del PP imputados por corrupción) y con el objetivo de recuperar la confianza de los ciudadanos y alejar toda sombra de duda, optó por colocar el listón muy arriba, más arriba que nadie, impidiendo así que cualquier imputado pudiese ser candidato del PP. No compartimos plénamente esta posición pero no cabe duda que fue una decisión valiente, con un innegable coste político por parte de los militantes que tuvieron que apearse de la carrera política al no lograr superar el listón y es decisión digna de la clase política situar el litón lo alto que se quiera.
Bauzá ha sido tan exigente y estricto en esta materia que él mismo puede haberse colocado en una situación comprometida, ya que el Código Ético del PP no contempla excepciones a la norma y el propio president, como cualquier otro militante, puede acabar siendo imputado a raíz de una querella presentada por un farmacéutico menorquín, o por cualquier ciudadano que siembre dudas razonables para acusar al Govern de prevaricar al retrasar la convocatoria un concurso de oficinas de farmacia, por ejemplo. Eso lo sabe la oposición y en esa posibilidad han basado buena parte de su estrategia política en ocasiones de manera bastante obsesiva.
Cada formación política coloca su propio listón ético donde considera mejor. El PP lo puso muy, muy alto y ya son más los partidos que proponen lo mismo que hizo Bauzá en 2011, que los que se oponen a hacerlo. La ciudadanía exige medidas contundentes contra la corrupción y el PP de Balears decidió, ante una situación excepcional, pecar antes por exceso que por defecto. En las listas del PP no irán imputados. Es su decisión y su responsabilidad. Las formas por encima del fondo pero ahora es lo que la sociedad exige. En el proceso de la ley del péndulo es evidente que algún día habrá que bajar el listón, seguramente cuando la tensión y el grado de exigencia ante el tendido amaine. Pero tal vez aún es demasiado pronto. Es la opción de Bauzá, firme y contundente. Puede salirle cara o puede esconder la llave de su éxito. Lo sabremos pronto.
