La declaración de la emergencia para la sustitución del viejo emisario de Talamanca aprobada en el último Consell de Govern permitirá que las obras se inicien sin necesidad de sacarlas a concurso ni de realizar el preceptivo informe de impacto ambiental. Esto, que obedece a la imperiosa necesidad de poner fin a las continuas roturas que provocaban vertidos en la bahía que obligaban a prohibir el baño y tener la bandera roja ondeando en una playa de Eivissa con las consecuencias por todos conocidas, también tiene su parte negativa que todo el mundo parece asumir pero que nadie proclama abiertamente, como si callando fueran a desaparecer. Por la inmediatez de las obras se sacrifica el concurso público –que abarata el coste de las obras al introducir la concurrencia de ofertas compitiendo entre sí– y también el informe de impacto ambiental previo a las obras –habrá de hacerse con posterioridad–, de extraordinaria importancia pues hablamos de una infraestructura que afectará a la pradera de posidonia de la bahía de Talamanca.
Instituciones como el Ayuntamiento de Vila han mostrado su satisfacción y seguramente hay razones para ello, pero el problema radica además de dónde se vierten las aguas no depuradas de la planta depuradora de la ciudad de Eivissa, sino el qué. Y para el medio ambiente marino, es igual de nocivo lo que se vierte por el viejo emisario que lo que se vierta por uno nuevo, que va a parar al mismo mar. Hasta que no haya una nueva depuradora en marcha, la ciudadanía tiene que saber que se vierten al Mediterráneo aguas sucias no convenientemente depuradas.
Desde Ciudadanos se criticó el tufo electoralista que desprende la declaración de emergencia de las obras del emisario. En efecto, el Govern de Francina Armengol parece haber caído en la tentación de hacer campaña electoral desde el Consolat de Mar, satisfaciendo una semana antes de las elecciones generales una demanda social que incluso el alcalde Rafa Ruiz catalogaba como el asunto más urgente en el plano medioambiental de Vila.
