El pasado miércoles 27 de agosto se celebró en la Plaza de La Lonja una cena comunitaria del ciclo “Dimecres a la Llesca”, como las siete precedentes que han tenido lugar cada miércoles de julio y agosto en diversos lugares del centro de Palma.
El Ayuntamiento de Palma ordenó a los restauradores de la Lonja con terraza autorizada, que las tuvieran desmontadas a las 20:30. Las pérdidas económicas que estos negocios han debido soportar, en pleno mes de agosto, al no poder servir a sus clientes en las terrazas, son importantes. La indignación empresarial es generalizada y está más que justificada.
Los convocantes de estos encuentros para cenar en la vía pública, la plataforma ‘Brunzit’, se muestran muy críticos con la actividad turística y reclaman su derecho a ocupar los espacios públicos que ellos consideran “totalmente turistificados”.
Así, su oposición a las terrazas y al turismo parece clara y nada disimulada; de ahí la estratégica elección de los lugares donde se han llevado a cabo las convocatorias. Aunque no se trate de una celebración festiva ni tradicional. Sencillamente, ir a cenar donde más molestias se pueda causar a los negocios que, no se olvide, también atienden a residentes y vecinos; no únicamente a turistas, como se pretende hacer ver.
El Ayuntamiento de Palma, por su parte, autoriza un acto en un espacio público, sin una razón justificada, más allá del capricho de los convocantes. No se trata de unas fiestas populares con tradición, sino de una sucesión de actos periódicos con intencionalidad perversa, pues se busca perjudicar a otros ciudadanos.
Lo idóneo hubiese sido que Cort buscase alternativas a fin de hacer compatible la actividad de las terrazas de La Lonja con la solicitud de un espacio apropiado donde los miembros de la plataforma puedan cenar a la fresca y plantear sus legítimas exigencias.
Los bares y restaurantes de la Plaza de La Lonja también tienen sus derechos, cuentan con las preceptivas licencias municipales y pagan religiosamente las tasas municipales de ocupación de la vía pública
¿Tan difícil era desplazar el evento a otro lugar próximo, donde no se perjudicase a nadie? Una mínima previsión habría evitado quebranto económico y tensiones innecesarias. En lugar de eso, se optó por ordenar la retirada de las terrazas y satisfacer a quienes buscaban impedir la actividad económica de los negocios de la plaza. El resultado: empresarios indignados, vecinos descontentos por la relevante afluencia de ciudadanos que no viven en el barrio y que se trasladaron allí para incordiar.
Toda reivindicación planteada adecuadamente, de acuerdo a la normativa y hecha sin ánimo de causar un mal a otros ciudadanos, es muy legítima y respetable. Pero recordemos que los bares y restaurantes de la Plaza de La Lonja también tienen sus derechos, cuentan con las preceptivas licencias municipales y pagan religiosamente las tasas municipales de ocupación de la vía pública.
Es deber de las autoridades municipales hacer compatibles los derechos de unos y otros. Y en este caso, había alternativas para que tuviese lugar la cena vecinal, evitando el menoscabo económico a los negocios y también privar a sus clientes de disfrutar de las terrazas.
