La actualización del plus de insularidad para los empleados públicos del Estado en Baleares supone, sin duda, un avance respecto a una situación que llevaba demasiados años enquistada. Sería injusto negar que el incremento previsto para Menorca, Ibiza y Formentera representa un esfuerzo importante y un reconocimiento de la doble y triple insularidad que soportan estos territorios y quienes allí trabajan. Sin embargo, el acuerdo nace con una carencia de fondo que explica perfectamente el profundo malestar de policías nacionales y guardias civiles.
Las nuevas cuantías para los funcionarios destinados en las Pitiusas y Menorca, conllevan incrementos de entre 229 y 570 euros, dependiendo del grupo funcionarial al que se pertenezca. Por ejemplo, para el grupo C1, se pasa de 101,42 euros mensuales a 405,10 euros. La subida es considerable.
Sin embargo, para los destinados en Mallorca la mejora es muy relativa y será de entre 99 y 65 euros al mes, según la categoría. Por seguir con el ejemplo del grupo C1, se pasa de 80,51 euros a 144,60 euros. 64 euros de diferencia, que dadas las circunstancias, seguirán sin paliar los costes de insularidad.
Además, existe un aspecto especialmente criticable. Las asociaciones representativas de la Guardia Civil y los sindicatos mayoritarios de la Policía Nacional no han participado en la negociación del acuerdo. Resulta difícil comprender que se adopte una decisión que afecta de manera directa a miles de agentes sin escuchar a quienes conocen de primera mano las dificultades que supone vivir y trabajar en Baleares. El diálogo social pierde buena parte de su legitimidad cuando deja fuera precisamente a los principales afectados.
Las críticas formuladas por AUGC, AEGC, CEP, Jucil y Jupol no parecen fruto de un rechazo sistemático. Todas coinciden en un mismo diagnóstico: el incremento es insuficiente para Mallorca, no resolverá el problema de la fuga de agentes y puede incluso trasladar a la isla los problemas de cobertura que hoy padecen las Pitiusas.
El Gobierno aún está a tiempo de corregir el rumbo. Si el objetivo es garantizar servicios públicos estables y de calidad, el plus de insularidad debe responder al coste real de vivir en Baleares y no a un simple ejercicio de contención presupuestaria. Escuchar ahora a quienes han quedado al margen de la negociación sería el primer paso para convertir un avance parcial en una solución verdaderamente eficaz.
