La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) considera que la moratoria de grandes superficies comerciales aprobada por el Consell de Mallorca “obstaculiza de forma significativa la competencia”, razón por la cual insta a la institución insular a derogar la moratoria ya que de lo contrario interpondrá un recurso contencioso-administrativo ante el TSJB. Fundamenta su posición en que la moratoria no está justificada por una obligación legal, ni hay necesidad o proporcionalidad, demás de que no se ajusta a la legislación europea de aplicación. No ha sucedido nada que no tuviera previsto el organismo que preside Miquel Ensenyat, ya que la moratoria fue recurrida por la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED). Pero desde el Consell se defiende la decisión adoptada en su día por varias razones, fundamentalmente por la protección del pequeño comercio y también para la protección del territorio, ya que se suspendió la creación o ampliación de grandes superficies de más de 700 metros útiles de superficie útil en suelo urbanizable y rústico, con la excepción de la exposición y venta de automóviles, maquinaria, embarcaciones y aeronaves en establecimientos de menos de 2.000 metros.
La CNMC demuestra tener poco respeto por una decisión adoptada por el Consell de forma abrumadoramente mayoritaria (31 votos a favor y 2 abstenciones) y parece ignorar la realidad insular. Una cosa es facilitar el libre comercio y la libertad de competencia y otra cosa es dar vía libre a la creación de grandes superficies sin ningún control. El Consell ha anunciado que hará caso omiso del requerimiento de la CNMC y que si hace falta, serán los tribunales quienes habrán de pronunciarse sobre la moratoria. Es normal que desde el Consell se defienda la decisión adoptada con un amplio respaldo político y social, pero convendría que además tuviera respaldo legal para despejar cualquier sombra de duda.
