La sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz que condena a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa, junto al expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo, marca un punto de inflexión político y jurídico que trasciende a las personas afectadas. Se trata de una resolución dictada por un tribunal colegiado tras un procedimiento judicial completo, con todas las garantías procesales y susceptible, como cualquier sentencia, de ser recurrida ante instancias superiores.
Lo alarmante es la reacción de buena parte del Gobierno y de los partidos que lo sustentan, en franca minoría parlamentaria, empeñados una vez más en desacreditar a los jueces cuando las resoluciones judiciales les resultan contrarios en un caso abyecto de enchufismo. El recurso al supuesto lawfare, a la "cacería" o a la conspiración contra el Ejecutivo se ha convertido en un argumento recurrente que pretende trasladar a la opinión pública la idea de que cualquier investigación o condena que afecte al entorno del poder responde a intereses espurios y no a la aplicación del Derecho.
Sin embargo, los hechos son tozudos. Una sección penal de una Audiencia Provincial ha concluido que existió prevaricación en la creación y adjudicación de un puesto público para el hermano del presidente del Gobierno. La esencia del caso no es el parentesco con Pedro Sánchez, sino el presunto uso arbitrario de una institución pública para favorecer a una persona concreta. Es decir, un supuesto caso de enchufismo que, tras ser investigado, juzgado y sometido al principio de contradicción, ha desembocado en una condena.
Deslegitimar sistemáticamente a los jueces cuando sus resoluciones no convienen al poder supone erosionar la confianza ciudadana en el Estado de derecho
En una democracia consolidada, el respeto a la separación de poderes exige aceptar que los tribunales puedan absolver o condenar sin que cada fallo sea interpretado como una operación política. Criticar jurídicamente una sentencia es legítimo; deslegitimar sistemáticamente a los jueces cuando sus resoluciones no convienen al poder supone erosionar la confianza ciudadana en el Estado de derecho.
Si quienes gobiernan reclaman respeto para las instituciones cuando son objeto de ataques, deberían empezar por aplicar ese mismo principio al Poder Judicial. Porque la independencia de los jueces no puede defenderse únicamente cuando sus decisiones resultan favorables. Es precisamente en los casos incómodos cuando se pone a prueba el compromiso democrático de quienes ejercen el poder.
Pero el PSOE, además de haber perdido el apoyo parlamentario que tuvo para lograr la investidura de Pedro Sánchez, insiste en aplicar argumentos políticos cada vez que la Justicia le pone contra las cuerdas en casos de corrupción. Se trata de una estrategia fracasada, como demuestra la condena al fiscal general Álvaro García Ortiz, al exministro y exsecretario de Organización socialista, José Luis Ábalos, y ahora también al "hermanísimo".
