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Vacunación obligatoria

viernes 26 de noviembre de 2021, 03:00h

En la sexta ola del coronavirus que ya tenemos encima hay una realidad irrefutable: los no vacunados son el grupo mayoritario de los ingresados en el UCI. Y no es una cifra menor el número de personas que acogiéndose a su derecho individual siguen renunciando a inocularse la vacuna. Los últimos datos del Ministerio de Sanidad recogen que el 79% de la población española (37,4 millones de personas) ha recibido la pauta completa de vacunación y el 80,4% (38,1 millones de personas) ha recibido al menos una dosis. Cerca del 91% de la población diana española (los mayores de 12 años) ya tienen al menos una dosis, pero casi cuatro millones no han recibido ninguna vacuna.

¿Qué hacemos entonces con ellos? Se puede insistir e invitarles a hacerlo ya, pero la duda es si tendrá algún efecto. Quizá alguno se lo replantee, pero no serán muchos. El que no se ha vacunado es porque no ha querido, no por falta de oportunidades. Las vacunas representan una posibilidad de salvar vidas, la propia y la de los demás. Vacunarse o llevar mascarilla ayuda a que el virus circule menos. Entonces, el que no se quiere vacunar, ¿está ayudando a la propagación del virus?

Así como hay una tendencia a pedir la limitación de tratamientos, cáncer de pulmón, por ejemplo, a quien no quiere dejar de fumar, ¿podría hacerse lo mismo con los no vacunados? ¿Podría eliminarse de la cartera de servicios sanitarios el tratamiento Covid a los no vacunados? Porque en una situación de pandemia, la responsabilidad de cada uno es vacunarse, llevar mascarilla y guardar una distancia social. Los no vacunados ya se han convertido en un problema social de primer orden.

Alemania ha anunciado que esta nueva ola tiene su origen en los no vacunados. La OMS asegura que ya estamos en “pandemia de los no vacunados” y advierte que, de seguir así, habrá 500.000 muertes más. Si hay correlación entre vacunación y hospitalizaciones y muertes, ¿hasta dónde llega la libertad de los vacunados? Es un tema delicado, pero hay que afrontarlo urgentemente. O mejor, ya deberían haberlo afrontado los países.

Quien no se vacuna en España está amparado por la ley, porque no existe obligatoriedad de hacerlo. No es un infractor como tal, ni tampoco puede considerársele un objetor. Ejerce su derecho, amparado por el marco jurídico, y cualquier restricción de sus libertades individuales es una cuestión delicada y genera disparidad de criterios, como estamos viendo en las diferentes sentencias de los tribunales de justicia de las CCAA.

Por eso, casi dos años después desde el inicio de la pandemia, cuesta entender cómo podemos seguir a estas alturas sin que el Gobierno central haya dado pasos para modificar la legislación sanitaria de nuestro país y adaptarla a las actuales circunstancias. Si en apenas una semana fueron capaces de volver a dar forma al impuesto de plusvalías para seguir esquilmando los bolsillos de los ciudadanos, cómo se explica que en lo que llevamos de pandemia no se haya propuesto una ley de pandemias, donde se contemple la obligatoriedad de la vacunación en situaciones que exista un claro riesgo de salud pública para la población. Algunos países, como Austria, acaban de adoptado esa medida.

En su última encuesta de este mes de noviembre, el Centro de Investigación Sociológicas (CIS) ha preguntado también por esta controvertida cuestión. Un 46,2% opina que debería ser obligatoria para todas las personas; un 36,2% dice que solo se la tendrían que exigir a sanitarios, personal de residencias y profesionales que trabajen de cara al público y solo un 14,6% rechaza que se imponga. La mayoría de la población entendería la vacunación obligatoria en las actuales circunstancias. El debate está sobre la mesa.

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