Quien más quien menos sabe que el programa electoral de los partidos políticos es poco menos que papel mojado. Y más si se trata de partidos cuya capacidad de gobernar pasa por una coalición postelectoral. Aún así, los reclamos que realizan los líderes durante las campañas, sirven para arrastrar votos.
Muchos fuimos quienes públicamente dudamos de ciertas promesas electorales realizadas en las pasadas autonómicas, sobretodo en lo referente a otorgar una pensión compensatoria a todos los que carecen de ingresos necesarios y garantizar el acceso universal a una vivienda digna. El tema no hubiera ido a más si en el pacto de gobernabilidad suscrito por PSIB-PSOE, Més y Podemos no se hubiera incluído algunas cuestiones de dudoso cumplimiento. Que las cuentas del erario público distan mucho de estar saneadas lo sabía quien más quien menos, pero ello no fue óbice para plasmar negro sobre blanco el milagro de Lourdes.
Pues bien, como se ha hecho público durante las últimas semanas, el Govern se ha dado cuenta de que las arcas autonómicas no resisten las promesas realizadas por lo que se ha anunciado que se retrasan a finales de legislatura algunas y a una ulterior legislatura otros. ¡Así cualquiera se presenta!
A mi me van a perdonar, pero ante una situación como ésta sólo se me ocurre una petición: ¡Que dimitan!
Y me sabe mal por todos esos directores generales y jefes de servicio que sin recursos están haciendo lo imposible para llevar a cabo políticas públicas encomiables, pero encontrarnos que a los dos meses de las elecciones se nos dice que nos olvidemos de lo prometido por una larga temporada no me sienta en absoluto bien. Nadie les puso una pistola en las sienes para que nos aseguraran que la función pública estaría mejor valorada, que se convocarían oposiciones o que el trabajo precario se acabaría.
